La propuesta del Ministerio de Sanidad de acabar con MUFACE no es ni viable, ni razonable, sino insostenible e irresponsable. No se trata de absorber a un determinado porcentaje de población (del 2,12% en España y del 2,24% en Aragón), sino de que los 1,5 millones de asegurados de MUFACE tengan una asistencia sanitaria adecuada. Y esto no posible con un Sistema Nacional de Salud (SNS) ya de por sí infrafinanciado y con un concierto de MUFACE infradotado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pone por delante su ideología, pero de forma torpe. Si lo que quiere es defender la sanidad pública, acabar con MUFACE la hundiría. Y si el objetivo fuera mejorar la asistencia a los ciudadanos, actuaría de otra manera.

En primer lugar, con lealtad al propio Gobierno de España: no se puede lanzar a la opinión pública un documento que aboga por el fin de MUFACE, cuando otro ministerio del mismo Ejecutivo está negociando su renovación.

Y menos aun cuando la competencia para determinar el régimen de la asistencia sanitaria a los funcionarios corresponde al Ministerio de Transición Digital y Función Pública y no al de Sanidad; lo correcto sería que el de Sanidad traslade su opinión o sus propuestas al de Función Pública, cuando ha surgido el problema, no que se inmiscuya en otro ámbito competencial para distorsionar completamente el sistema.

Además, no es el Ministerio de Sanidad quien debería asumir la gestión de este nuevo modelo, son las Comunidades Autónomas. Por eso, tampoco ha sido leal con ellas e incumple con sus obligaciones constitucionales.

En segundo lugar, le ha faltado a Mónica García transparencia y buen hacer y le ha sobrado opacidad. Su secretario de Estado difunde un informe en sus redes sociales, cuando, previamente, ella no ha respondido a las peticiones de información de las CCAA en las reuniones del Consejo Interterritorial del SNS.

En tercer lugar, denota una falta de respeto al ciudadano. Querer acabar con MUFACE sin planificar las necesidades de recursos humanos, infraestructuras, tecnología y gasto farmacéutico perjudicará a la sanidad española en su conjunto.

Según recoge un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la reforma de la ley de la Seguridad Social en 1975 supuso crear la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y en 1978 la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Esto permite que quienes están adscritos por su profesión a ellas pueden elegir entre ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una entidad aseguradora con cobertura similar.

Por su parte, según datos del Ministerio de Sanidad, a 31 de octubre de 2024, el 67,3% de la población mutualista de MUFACE recibe asistencia por parte de aseguradoras privadas y el resto por el SNS. Y se está produciendo un envejecimiento de este colectivo superior a la población en general.

El Ministerio de Sanidad utiliza estos datos para concluir que el incremento de la asignación del Gobierno central a este sistema es insostenible e inequitativo.

En mi opinión, el Gobierno de la nación no ha hecho una oferta aceptable para el sistema de MUFACE, que está infrafinanciando. A pesar de que ha incrementado el porcentaje algo más del 17% respecto al concierto anterior, sigue siendo insuficiente y ninguna empresa aseguradora ha concurrido al nuevo concierto, que ha quedado desierto. Esto revela que el Ejecutivo central no ha hecho un estudio económico serio y riguroso; o no ha trabajado bien, o no cree en el sistema.

Hay que añadir que el gasto sanitario per cápita es mayor en el SNS que en MUFACE, que el copago es mayor en el sistema de mutuas y la población que atiende está más envejecida. Por todo esto, las CCAA tendrían que gastar más en sanidad, si asumieran a esta población. Esto implicaría dejar de destinar ese presupuesto a otros ámbitos.

La solución que plantea el Ministerio de Sanidad tendría, por eso, un efecto indeseado: colapsar el sistema, a corto plazo, y, a medio plazo, acabar con el SNS. Y podría llegar a plantearse un escenario de inequidad ya que las clases sociales más favorecidas acudirían a la sanidad privada, ante el colapso de la pública, y esto podría generar también una fuga de profesionales.

Sorprende que el Ministerio de Sanidad plantee una decisión de este calado sin un estudio riguroso y profundo de la situación, que debería realizarse de forma muy detallada en cada Comunidad Autónoma ya que la situación no es homogénea, como reflejan los informes ya señalados, ni tampoco sus circunstancias son asimilables. El ministerio no respeta el Estado de las Autonomías y no cree en él porque son las que tienen las competencias en materia sanitaria.

A esto se añade que el Ministerio de Sanidad plantee implementarlo en un corto espacio de tiempo, nueve meses, el que legalmente se puede prorrogar el concierto actual, si no hay un acuerdo entre las aseguradoras y el Ministerio de Transición Digital y Función Pública.

La propuesta del Ministerio de Sanidad puede producir efectos nefastos en territorios como el aragonés por dos motivos: El ya de por sí necesario mayor gasto sanitario por ser un territorio despoblado, envejecido y con la población dispersa; y la concentración en las ciudades de una mayor proporción de población mutualista, con el consiguiente colapso del sistema sanitario urbano.

Por eso, reclamo al ministerio responsable de Función Pública, Óscar López, que reanude las negociaciones con las aseguradoras y, entre todos, alcancen un acuerdo. Será lo mejor para la sanidad aragonesa y para la de todos los españoles, además de ser el modelo por el que de forma mayoritaria optan los ciudadanos que pertenecen a MUFACE.

Una cuestión tan crucial y sensible para proteger un bien tan preciado como la salud requiere de una actitud dialogante y responsable. Los gestores públicos debemos solucionar problemas, no crearlos.