Este 2024 ha presentado numerosos desafíos económicos que impactan profundamente al tejido empresarial aragonés. En primer lugar, las cotizaciones de la Seguridad Social han experimentado un incremento significativo. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha supuesto un incremento del 0.7% este año. A esto se añade la subida de las cotizaciones por contingencias comunes al 29% y el aumento de las bases máximas de cotización al régimen general en un 5%.

Debido al aumento del IPC, las pymes tienen que afrontar revisiones salariales en los convenios colectivos alrededor del 4%, además de incrementos salariales similares para 2024. Los costos generales, como energía, transporte, logística y materias primas, también suben al menos al nivel del IPC, lo que resulta en un aumento total de más del 15% para cada pequeña empresa, microempresa y autónomos en Aragón.

Dos factores clave afectan la competitividad de las pymes: el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral. Desde Cepyme se insiste en que el aumento del SMI debe considerar el territorio y el tamaño de la empresa, y realizarse dentro del diálogo social. En enero, el gobierno propone reducir la jornada laboral a 38.5 horas, una medida que, según Cepyme, debería discutirse en el marco de la negociación colectiva.

Como resultado de estos desafíos, el año comenzaba con la desaparición de 5,423 empresas, un hecho que subraya la necesidad de reflexión y acción por parte de todos los actores económicos de la región. Las pequeñas empresas, especialmente aquellas con pocos o ningún empleado, enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito, innovar, invertir y encontrar trabajadores, lo que frena sus proyectos y producción.

Los costes laborales de las pymes suben en el tercer trimestre del año un 4,2% en variación interanual y acumulan una subida del 18,1% desde 2019, según el Indicador CEPYME sobre la Situación de las Pymes. El número de microempresas se reduce un 1,9% y el empleo está congelado en este segmento —que supone el 85% del parque empresarial con asalariados—, lo que constata una recuperación desigual según el tamaño de las compañías, en detrimento de las más pequeñas. Se reitera, por tanto, la necesidad de pensar en las pymes a la hora de adoptar medidas económicas y procurar que éstas alienten la ganancia de tamaño empresarial. La evolución de los costes generales en las empresas cobra especial importancia en un escenario de pérdida de productividad.

Y el último dato que llega a mis ojos, publicado desde CEPYME en forma de informe me dice que la reducción de jornada afectará en general a tres de cada cuatro trabajadores. Es decir, en torno a los 8,8 millones de asalariados, y este dato además tendrá impacto diferencial según ramas de actividad. En actividades inmobiliarias, hostelería, agroganadería, comercio y actividades profesionales, los trabajadores que hacen jornadas superiores a las 37,5 horas semanales son el 85% del total. Hay empresas que por su propia naturaleza no han podido reducir su jornada, de modo que el 7,9% de los asalariados trabaja más de 39,5 horas, unas 925.000 personas, principalmente concentradas en las ramas de información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas

Los datos hablan por sí solos. a mi juicio, debemos de abordar el 2025 con una llamada a la reflexión y a la acción para todos los actores involucrados en el desarrollo económico de nuestra región.

Las empresas pequeñas, sobre todo las que tienen pocos o ningún empleado, tienen menos acceso al crédito, se financian con un tipo de interés más alto, tienen menos recursos para innovar e invertir, tienen más dificultades para encontrar trabajadores, lo que hace que frenen sus proyectos y producción. Las pymes juegan un papel vital en la economía, proporcionan empleo, 7 de cada 10 contratos, así que es importante que nos comprendan y nos protejan, para que podamos crecer. Sin pymes no hay territorio y sin ellas no hay economía local.