Corona y corrupción

Por Jose Luis Escobar Arroyo

La vinculación de la corona al Fondo Hispano-Saudí de Infraestructura es solo un bubón purulento, un síntoma de una patología política y moral, que es profunda y de gran calado.

Montesquieu expuso de modo magistral que el fundamento de la república es la virtud, el de la monarquía el honor y el temor el fundamento de la tiranía.

Franco dispuso que a su muerte Juan Carlos I fuera nombrado Rey. La aceptación de esta designación constituía una deslealtad a D. Juan, sucesor de Alfonso XIII y una traición al principio dinástico, que es la razón de la existencia de la monarquía.

D. Juan trató de mitigar la deslealtad de su hijo, varios años después de que su hijo le usurpara la coronación, abdicando en una ceremonia vergonzante. Era ya muy tarde.

La monarquía había nacido bajo el estigma de la traición, grabado con su propio puño y en su propia frente. Era una monarquía sin honor.

Políticos, instituciones y medios de comunicación se apresuraron a arropar al Rey con el consenso y el “pacto de silencio”, para proteger al que llamaron “garante y símbolo de la unidad del Estado Español y de su permanencia”.

Los republicanos de toda la vida se proclamaron juancarlistas, enalteciendo de este modo la traición a la república como fundamento de su criterio y la traición al principio dinástico como fundamento de su modelo de Estado.

En abril de 2012, D. Juan Carlos es sorprendido cazando elefantes. Todo el mundo dirigió a él sus ojos: el Rey estaba desnudo.

Benjamín Constant proclamó por vez primera la doctrina sobre la inviolabilidad del Rey, pero a condición de que alguien refrendara sus actos y cargara con la responsabilidad de ellos. No puede existir acto humano sin responsable, incluso aunque se trate de niños, locos o reyes.

Juan Carlos I fue denunciado por la asociación AJURA, con posterioridad a su adjudicación ante las autoridades competentes, por no declarar a la Hacienda pública el equivalente a 4.032.021€ que ingresó en Ginebra.

La misma asociación AJURA denunció que según las investigaciones realizadas por la Universidad de Bruselas la fortuna personal de S.M. D. Juan Carlos I “alcanzaría la suma de 1.600 millones de euros en 2014”.

Ante la desnudez del Rey, las autoridades parecen apartar la vista, e incluso parecen interponerse para evitar que las reales vergüenzas sean exhibidas. Los bubones morales de la realeza parecen haber contagiado así a los órganos institucionales.

D. Juan Carlos I fue denunciado también ante la Fiscalía por presunta corrupción. La Fiscalía española proclamó que el Rey era inviolable, incluso cuando sus actos no estuvieran refrendados. El Rey estaba por encima de la ley.

Un estado de derecho es aquél en el que no hay nadie por encima de la ley y los representantes del Estado han empujado a España un estado cuasi-feudal porque desdeña el hecho de que todos estén sometidos a la ley.

La protección a la monarquía evolucionó hacia una degeneración de la forma de Estado: casos como el de Urdangarín y el Fondo Hispano-Saudí de Infraestructura, son pruebas inequívocas de que la Corona proporciona sombra y encubre asuntos inconfesables. El Estado y las instituciones se apresuran a enfangarse en la defensa vergonzante de la regia institución.

Las denuncias cursadas por cohecho impropio, por irregularidades con Hacienda, la presunta fortuna personal inmensa de origen inconfesado y no investigado, las tropelías denunciadas por EL ESPAÑOL relativas al Fondo Hispano-Saudí, son bubones purulentos que delatan la patología mortal de la monarquía. Ignoramos cuánto durará la agonía, quizás la monarquía haya fallecido y aún no lo sabe.

No solo la monarquía está enferma: la nación española ha mostrado una patología extrema: durante decenios todos los poderes públicos , además de la prensa, han estado protegiendo mediante “un pacto de silencio” una institución, que por incontrolada e impune, está resultando ser dramáticamente desleal a la nación española. Se trata de la “omertá” institución propia de organizaciones situadas al margen de la ley.

La monarquía “garante y símbolo de la unidad del Estado Español y de su permanencia” se ha mostrado como una institución perfectamente inútil ante la secesión de Cataluña. El fundamento del “juancarlismo” y de la omertá” resultó ser aire. Un aire hediondo, nauseabundo, pero denso como cortina de humo para negocios inconfesables.

La mentira y la omertá tienen el mismo objeto que el temor en la tiranía: el sometimiento del pueblo. Todo lo publicado por EL ESPAÑOL constituye un acto de liberación, no solo de libertad.

Los que pactaron con corinnas y urdangarines al amparo de la Corona, los cómplices que miraron para otro lado, los encubridores que practicaron la omertá, portan ahora el féretro de una institución que contribuyeron a finar, que se fundamenta en el honor, pero que nació y vivió sin él.