Por Jesús Patiño
El 10 de diciembre, entró en vigor definitivamente la Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, dos años después de la aprobación de la misma y un año después de que tuviera que aplicarla la Administración Central del Estado.
La Ley establece tanto las obligaciones de publicación de información que afectan a las entidades públicas (transparencia activa), como la regulación del derecho de acceso de los ciudadanos que lo soliciten a la información pública.
Por el momento, y según el último informe de situación del Portal de Transparencia, no parece haber un interés masivo en consultar el Portal, ni en solicitar el derecho de acceso, con poco más de tres mil expedientes abiertos en un año.
La cuestión ahora es qué grado de cumplimiento de la Ley tienen aquellas entidades para las que entra en vigor; las municipales y autonómicas. Para resolver esta incógnita, por el momento, tenemos estos datos recopilados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la conclusión es la siguiente:
Andalucía cuenta con su portal y ley de transparencia, y las reclamaciones en este ámbito pueden llevarse a cabo ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, órgano que todavía no está activado. Aragón está en la misma situación que Andalucía, y tiene pendiente activar el Consejo de Transparencia.
En cuanto a Cantabria, no hay información alguna en la web del Consejo. El Gobierno ha anunciado que está renovando el portal de transparencia y que presentará un proyecto legislativo en el primer semestre de 2016.
Castilla La Mancha tiene portal de transparencia, cuenta con un anteproyecto de ley, y no tiene establecido un procedimiento para las reclamaciones. Sí que constan los portales de transparencia de sus cinco capitales de provincia y el de las diputaciones de Toledo y Guadalajara.
Cataluña también está entre las comunidades que cuentan con una ley propia, que tienen portal de transparencia y en funcionamiento el órgano encargado de las reclamaciones: la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Públic. En la web del Consejo aparece el portal de transparencia de Barcelona.
Galicia aprobó su ley en 2006. Tiene portal de transparencia, y ha asignado las reclamaciones al Valedor do Pobo. Constan, por otra parte, los portales de transparencia de las 4 diputaciones y el portal local de La Coruña. Aunque con leyes posteriores, Castilla León y Navarra, que tiene portal de transparencia, también dejan las reclamaciones para el defensor del pueblo autonómico, que en Castilla y León se llama Procurador del Común, aunque en esta región está previsto crear un Comisionado de Transparencia.
Canarias tiene además del portal una ley de 2014, y ha creado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información pública, para las reclamaciones. En los principales portales de transparencia locales están los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife.
La Comunidad de Madrid cuenta con un portal de transparencia, pero no con una ley propia. Renuncia a la creación de un consejo de transparencia y atribuye sus funciones al Consejo Consultivo.
La Región de Murcia tiene el portal y su ley propia, además de designado al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, a semejanza del nacional.
Euskadi tiene portal y ley, pero no está creada todavía la Agencia Vasca de Transparencia. En los principales portales de transparencia local destacan Bilbao, Vitoria, Donostia, Getxo, Barakaldo, Irún, Etxebarri, Basauri, Elorrio y Zalla, así como las tres Diputaciones forales.
En el caso de Extremadura, las Islas Baleares, Asturias y La Rioja, tienen portal y ley propia, pero no existe procedimiento para las reclamaciones. En el último de los casos destaca además el portal de transparencia de Logroño.
La Comunidad Valenciana cuenta con portal de transparencia y ley propia, así como con el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Los portales locales que aparecen en la web del Consejo son el de Valencia, Alicante, Castellón y el de las tres diputaciones provinciales.
Por último, no aparece información sobre Ceuta, y Melilla sí consta que tiene portal de transparencia y que el procedimiento para reclamar está pendiente de aprobación.