El papel del Jefe del Estado en la actual situación política
Los reyes presiden la celebración de la Pascua Militar/EFE
Por José Manuel Martín Espinosa
Llama la atención el verbo de los diferentes actores que participan en la actual situación de bloqueo institucional y política. Rajoy, por ejemplo, afirma querer formar gobierno por encabezar "la lista más votada". Y su colega Pedro Sánchez sugiere un "gobierno de progreso" encabezado, por supuesto, por él mismo. Sin embargo, ni a uno ni a otro le salen las cuentas de la mayoría necesaria para ser investidos por el Congreso de los Diputados. A lo que parece, ambos se expresan con demasiada libertad, cuando no es directamente atrevimiento, porque deben haber "olvidado" lo que establece el artículo 99.1 de nuestra Constitución:
"Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".
Lo anterior quiere decir, en primer lugar, que el régimen político español no es presidencialista sino parlamentario. En consecuencia, la figura del "candidato a presidente del gobierno" que tradicional (y erróneamente) han venido utilizando los partidos, no es más que una figura publicitaria. Para ser más precisos, esa costumbre de que el número uno por Madrid es el candidato no pasa de ser una tradición que carece absolutamente de soporte constitucional y legal. En consecuencia, es únicamente el Jefe del Estado quien puede proponer al candidato, tras "consultar" con los "representantes" de los partidos. Por otra parte, la Ley del Gobierno establece que para ser miembro del gobierno (incluido el presidente) sólo se requiere ser español, mayor de edad, y no estar inhabilitado para ejercer cargo público. Por tanto, y esto ha de quedar claro, el Presidente del Gobierno no tiene por qué ser diputado. Esto es lógico en un régimen parlamentario en el que el Congreso (y nadie más) representa al pueblo en tanto que Poder Legislativo.
En todas las elecciones anteriores siempre ha estado claro quién era el único candidato en condiciones de superar el trámite de investidura, de modo que la propuesta del Rey sólo podía ser razonablemente una. Pero ahora no está ni medio claro porque a nadie le cuadran las cuentas. Consecuentemente, el citado precepto constitucional confiere al Rey la facultad discrecional de proponer como candidato a quien estime conveniente tras haber escuchado a todos los representantes. En otras palabras, que, como en el ajedrez, el Rey también juega.
Pues bien, aunque lo que digo pueda sorprender a algunos, el balón lo tiene ahora mismo en los pies el Jefe del Estado, que para eso está. Lo mismo ha sucedido en varias ocasiones en otros países de nuestro entorno. En consecuencia, la pregunta es: ¿A quién propondrá Felipe VI como candidato a presidir el gobierno, a la vista de que ninguno de los que se han postulado (alegremente) cuenta con apoyos suficientes para ser investido? En mi opinión, la opción de pactar el nombre de un independiente sería la mejor. Eso es lo que dicta el espíritu parlamentario que emana de nuestra Constitución.
El control de las cúpulas de los partidos podría haber tocado a su fin. Porque quien tiene la última palabra para designar al candidato es Su Majestad el Rey Don Felipe VI. "La lista más votada" es un subterfugio engañoso. Para comprobarlo, basta con leer la Constitución. Proponga el Rey un candidato de consenso y debátase su programa de gobierno en el Parlamento. La "fragmentación" del Congreso que ha salido de estas elecciones ni es perversa ni hace al país ingobernable. Al contrario, ahora es cuando hay ocasión de parlamentar y pactar (pero sin que nadie se arrogue ningún derecho de supremacía basado en componendas o interpretaciones que carecen de soporte aritmético parlamentario). ¿Estarán los personajes implicados a la altura de las circunstancias? Pronto lo sabremos.