Por Mario Martín Lucas
Dieciocho, nueve letras en una palabra que evidencian la desidia, holgazanería y desdén de los compromisos dichos en política y los hechos ciertos. Esa palabra, dieciocho, cuantifica el número exacto de refugiados que el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, ha sido capaz de acoger realmente, estremecedoramente alejada de los 18.000 a los que se comprometió a dar asilo, ante la crisis migratoria a la que se enfrenta Europa, cuyas instituciones, una vez más, se están revelando como ineficaces, lentas y pesadas, totalmente alejadas de los anhelos sobre la Unión Europea que una vez soñamos sus ciudadanos.
El pasado 6 de abril, el señor Rajoy compareció en el Parlamento, ante las peticiones de toda la oposición, para dar cuenta de lo tratado en el Consejo Europeo sobre la crisis migratoria y desde aquella tribuna proclamó frases como: “El asilo es un derecho reconocido por la Carta de Derechos Humanos de la UE”, “Quiero subrayar que el desafío al que se enfrenta Europa es enorme. Pero si hay un país capaz de afrontarlo es España”, “Estamos entre los primeros países que se mostró dispuesto a recibir refugiados”. Pero la realidad es que esas intenciones, pronunciadas de palabra, no han pasado a los hechos.
Europa fijó su objetivo en acoger a 160.000 refugiados y hasta ahora ha acogido a 1.145, mientras que España acogió a 18 a final del año 2015, sin que todo lo que va de 2016 haya acogido ni un nuevo refugiado más.
España no puede tener una política tan timorata en materia de refugiados, en nuestra historia muchos han sido los originarios de nuestro país que han encontrado acomodo en la solidaridad de terceros países y, además, frecuentemente desde nuestros sucesivos Gobiernos se ha venido solicitando ayuda europea para gestionar la presión migratoria que sufrimos en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como en las Canarias o, directamente, en las costas de nuestro sureste, por parte de subsaharianos que buscan, con desesperación, una vida mejor en la otra orilla del Mediterráneo. El Gobierno de España en este tema no puede ponerse de perfil, ni por nuestra historia como país, ni por la tradicional solidaridad de nuestras gentes, siempre dispuestas a atender las llamadas de socorro.
Ante el drama social de los refugiados, España debe superar esta cifra de la vergüenza que suponen esos dieciocho refugiados acogidos hasta ahora y abrir los brazos hacia esos nuevos inmigrantes que son los refugiados, entre otras cosas porque de cara a los decenios futuros necesitamos más mano de obra, nuestro país es el tercero más envejecido de Europa, tras Alemania e Italia, mientras que los refugiados en busca de un nuevo futuro y trabajo, no superan los 34 años y bastantes de ellos cuentan con una formación secundaria e, incluso, universitaria. Nuestro viejo continente no tiene futuro, herido por su creciente envejecimiento y su baja tasa de natalidad, si no es a base de la transfusión de “sangre nueva” que suponen estas nuevas poblaciones de países pobres o emergentes.
En España se instauró la edad de jubilación a los 65 años, en 1919, a través de la Ley del Retiro Obrero, gobernando Antonio Maura por entonces, cuando la esperanza de vida al nacer se situaba en los 33 años, hoy se sitúa en el entorno de los 80 años y para 2050 se situará en los 91 años.
En este momento, esa cifra de dieciocho refugiados admitidos por las autoridades españolas hablan de nula solidaridad en el presente y de una gran ceguera sobre el futuro. Los españoles que contribuirán a pagar las pensiones de las clases activas actuales no nacerán en Burgos, Sevilla, Barcelona o Madrid, sino que procederán de más allá de nuestras fronteras. Seamos solidarios hoy, creemos país para nuestro futuro y que la pereza de nuestros gobernantes no les impida discriminar entre los asuntos urgentes y lo verdaderamente importante.