Por Mario Martín Lucas
Cinco días antes de que comience el juicio por las Tarjetas Black, el máximo responsable de su implantación y del sistema clientelar que abonaba su uso, Miguel Blesa de la Parra, consignó en el juzgado el importe de 436.688,42 euros, equivalente al sumatorio de las cantidades dispuestas personalmente por él a través de ese medio, buscando que el juez instructor de la causa, Fernando Andreu, le aplique el atenuante de reparación de daño, de acuerdo al artículo 21.5 del Código Penal, si bien no debería pasar desapercibido que ello lo hace al límite del inicio del juicio y lo podría haber hecho, en cualquier momento, desde la apertura judicial del caso, en esto, como en tantas cosas, las formas no deberían pasar desapercibidas.
El uso y abuso de este instrumento, por cada uno de los sesenta y seis acusados, no es nada ejemplar y dice mucho de quienes protagonizaron esa peculiar operativa; fueran consejeros designados por los más variados partidos políticos, sindicatos o confederaciones empresariales, al igual que en los casos altos directivos de los equipos dirigidos por Blesa y Rato, habitualmente elegidos por decisiones unipersonales.
Pero la mayor responsabilidad a depurar en este caso afecta a Miguel Blesa de la Parra y Rodrigo Rato Figaredo, quienes no solo se beneficiaron de esos importes “black a efectos fiscales”, sino que a través de ellos tejieron un sistema de remuneración a través del cual se carcomieron la propia estructura de la entidad por la que debían velar, de tal modo que los altos directivos, nombrados por ellos, alejados de la mínima meritocracia exigible, se hicieron cómplices de los desatinos empresariales abordados: expansión incontrolada del crédito, políticas alejadas de las necesidades de los clientes, etc… todo ello consentido a base de privilegios soportados en Tarjetas Black, se tratara de Matías Amat ampliando su límite a 60.000 euros en el mes de agosto, o de Ramón Ferraz a base de 1.000 euros diarios, de Mariano Pérez Claver a 27.000 euros hasta final de año o Carlos Vela hasta 30.000 euros, igual que Rafael Spottorno, ex-jefe de la Casa Real, solicitando un límite 12.000 euros al mes o Ricardo Romero de Tejada en igual importe para hacer frente a los gastos de las navidades. Editorializante es lo ocurrido al limitar el sueldo de los directivos en bancos nacionalizados, a un máximo de 600.000 euros, en febrero de 2012, momento a partir del cual Rato dio orden de habilitar nuevas Tarjetas Black a su equipo más próximo, incluido él mismo, a razón de 12.000 euros/mes.
Miguel Blesa de la Parra accedió a la presidencia de Caja Madrid en 1996, cuando la entidad era una referencia de solvencia, no solo a nivel español, sino entre las entidades europeas, el resumen de su gestión es que en menos de veinte años dejó al borde de la quiebra un proyecto exitoso de más de trescientos años de historia.
Rodrigo Rato puso la puntilla al proyecto con dos decisiones incomprensibles para alguien de su “supuesta experiencia”, la integración con Bancaja y una forzada salida a Bolsa que no consiguió ninguno de sus objetivos, empeorando la situación que se encontró, pero mientras tanto se subió el sueldo hasta 2,3 MM euros/año, contrató a familiares y próximos, unos directamente como empleados y otros a través de servicios como los de publicidad, también materia de investigación judicial. Haciendo un uso patrimonialista de la entidad.
El hecho de que tanto el Sr. Blesa, como el Sr. Rato, hayan depositado el importe del que dispusieron a través de sus Tarjetas Black, poco tiene que ver con su mayor responsabilidad en este tema, que es la creación y mantenimiento de un sistema que carcomió los cimientos de la que fue una de las entidades financieras más sólidas de España y Europa, hasta convertirla en una especie de zombie financiero que tuvo que ser rescatado con más de 24.000 MM euros de todos los españoles, de la recuperación de cuyo importe nada se sabe.
Lo ahora repuesto por Miguel Blesa de la Parra y Rodrigo Rato Figaredo, en relación a las Tarjetas Black, y la forma en la que lo han hecho, es solo una muestra de la rapiña con la que abordaron su posición como presidentes de Caja Madrid y Bankia, siendo incapaces de no participar de un banquete pensado en clave de control y de compra de voluntades. Y es que como dice un viejo refrán español “no se puede poner el zorro a cuidar de las gallinas”.