Manifestación a favor del independentismo catalán en 2010. CC
Por José-Tomás Cruz Varela
El pasado día 7, a través de Internet y por parte de la CUP, se procedió a la difusión de un incongruente Cronómetro del Observatorio del Proceso, cuya misión será anunciar a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que restan hasta septiembre de 2017, fecha en la que según este peculiar grupo, la Generalidad deberá convocar un referéndum unilateral de la independencia de Cataluña. El mero hecho de tan siniestro reloj, del peor gusto y con toda la mala baba, no deja de representar un nuevo acto de provocación contra el resto de catalanes que mayoritariamente, no son partidarias de la citada independencia, así como también un inaudito despropósito, como si fuera este grupúsculo el encargado de marcar los tiempos al Gobierno catalán, cuando todos sabemos que con o sin cronómetro, la celebración del mencionado referéndum no pasa de ser una utopía.
Destronado Arturo Mas de su canonjía, tanto su heredero Puigdemont (CDC) como el resto de formaciones independentistas, son perfectamente conscientes de haberse embarcado en un viaje a ninguna parte, de ahí que continúen estirando lo indecible la pantomima del proceso, mamandurria que el día que se acabe para muchos de ellos, sin oficio ni beneficio, les supondrá el caos de sus vidas y la de sus familias.
No obstante y con objeto de mantener vivo el desafía soberanista, el Parlamento catalán aprobó recientemente varias resoluciones como la nacionalidad, derechos fundamentales, política económica... para aparentar que el proceso continua muy activo, aunque dichas resoluciones no tienen carácter normativo, es una manera más de insistir en la lucha por la susodicha independencia.
El Gobierno español -y no precisamente el remedio que padecemos desde hace 10 meses- no puede ni debe seguir con esta actitud pasotista, versión de corte arriolano abrazada por Rajoy con devoción insólita. Llegado el momento que el Ejecutivo asuma el poder, deberá actuar con toda la seriedad y el rigor que el tema demanda, recurriendo a la Constitución y todo lo considerado como necesario. Ya son demasiados los años en que los españoles y catalanes de bien, venimos soportando descalificaciones, vejaciones e insultos de todo tipo, incluido el de "España nos roba", que afortunadamente ya ha perdido vigencia.
Se impone la realización de una seria, razonada y entendible pedagogía para dejar meridianamente claro que España es una e indivisible y patria común de todos los españoles (artículo 2 de la Constitución). Superada la formación de Gobierno, suponiendo que prospere la abstención, nuestro problema más urgente será el zanjar y para siempre el secesionismo catalán. Seguir tolerando, por ejemplo, las continuas afrentas protagonizados por Barcelona en Comú, sólo supone el envilecimiento de una política zafia y populista propia de doña Ada Colau, a la que más le convendría solucionar los problemas de su gran ciudad y dejarse de burdas maniobras de distracción para ocultar su manifiesta inoperancia. La desafortunada y trasnochada manía de presentar el Gobierno central como un Estado represor sólo se le ocurre a políticos que confunden sus obligaciones con otros comportamientos indeseables.
Mire don Mariano: seguir dilatando y ofreciendo una imagen de debilidad e incompetencia para acabar con el trauma del soberanismo catalán, no es el camino más adecuado como ha quedado más que demostrado. Necesita un tratamiento más severo, formal y definitivo, quedando manifiestamente claro que la solución adoptada, enterrará para siempre toda pretensión de modificar lo acordado... ¡Tiempo al tiempo!