Por Mario Martín Lucas
Mariano Rajoy se siente lleno de orgullo de su principal decisión en la pasada legislatura: la Reforma Laboral, pero lo españoles lo que se sienten es condenados por ella.
Aquella dolorosa, e injusta, decisión que condenó a cientos de miles de trabajadores a ser expulsados de sus puestos de trabajo, mientras quienes los mantuvieron han tenido que soportar una devaluación salarial sin comparación en los países de nuestro entorno; con muchos de los cuales compartimos moneda, a través del euro.
No se ha conseguido crear empleo suficiente sobre la situación en la que empezó a gobernar el señor Rajoy, pero lo que sí ha habido es una precarización sin precedentes, la cual ilustró Alberto Garzón, de forma adecuada, en su interlocución a la ministra Bañez en sesión de control, al responsabilizar al Gobierno "de haber aprobado una reforma laboral no para crear empleo, sino para desguazar el empleo existente…, ya que casi uno de cada dos españoles ingresa menos de 900 euros al mes y casi uno de cada tres, ingresa menos de 300 euros".
A lo que la ministra dijo que si alguien en España ingresa menos del salario mínimo interprofesional legal, de 757 euros, es porque no trabajaba todos los días, y ese es otro hito mariano ya que a través de su reforma laboral y la precarización implícita, ha conseguido que el 54% de los nuevos contratos que se firman sean temporales y/o a tiempo parcial, muchos de ellos por horas o días.
Esa devaluación salarial ha tenido un efecto indirecto nada desdeñable, por la vía de las menores aportaciones a la seguridad social, llegando a dejar casi vacía la denominada hucha de las pensiones, comprometiendo también el futuro de quienes, ya en el presente, han visto recortados sus derechos laborales.
Hoy en España el salario mínimo está fijado en 757 euros al mes, muy lejos de los 1.923 euros de Luxemburgo o los 1.510 euros del Reino Unido, y casi a la mitad de los 1.462 euros reconocidos en un país de las dificultades económícas de Irlanda, que llegó a ser intervenido en 2010 por la UE y el FMI.
España es la duodécima económica mundial, solo por detrás de países europeos como Reino Unido, Alemania y Francia, pero esa riqueza no llega a sus clases trabajadoras como sí ocurre en países con menor potencial económico mundial, como Luxemburgo, Holanda, Bélgica e, incluso, Irlanda, que garantizan unos mayores derechos laborales, al menos cuantitativos.
El gran cambio laboral impulsado por Mariano Rajoy, dinamitando la protección del factor trabajo que se prolongaba en España desde mitad del siglo XX, se ha constituido en que ahora el concepto fijo sea para los beneficios empresariales, a partir de cuya cifra objetivo se va construyendo, en sentido inverso a lo que se debería, la cuenta de resultados; traspasando el concepto variabilidad, y la incertidumbre, a los salarios de los trabajadores.
Especial interés tiene, en cuanto a lo que supuso la Reforma Laboral implantada desde la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el PP en 2012, las valoraciones de la misma del conocido empresario, Antonio Catalán, propietario de la cadena hotelera AC Hoteles, al afirmar: “Si puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar, eso es explotación”.
Mariano Rajoy ha condenado a los españoles con la Reforma Laboral aprobada en 2012, pero él, quiera o no, también está condenado a ser recordado en los libros de historia por esa medida, de tanta importancia en sus consecuencias, y tan trascendental, que eclipsa cualquier otra que haya podido tomar, las cuales desaparecerán de los anaqueles de las bibliotecas y del recuerdo atemporal.
Esto es lo que tiene la historia, Mariano Rajoy tendrá una reseña vinculada a la demolición de la protección al factor trabajo en España, igual que de su antecesor, Rodríguez Zapatero, solo será recordado por la acelerada huida de sus responsabilidades, tras la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución: a cada uno lo suyo.