La necesidad de hacer progresar la Ciencia.
Hace unos días la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU), publicó un artículo titulado Tiempo de pactos en Ciencia, en el que se repasan los principales problemas de la ciencia en España, las propuestas electorales de los distintos partidos y la actividad que han desarrollado durante los primeros cien días de legislatura. Concluyen que es acuciante alcanzar un pacto que ponga en marcha “las medidas urgentes que el sistema español de Investigación y Ciencia necesita”. Citan, en esa línea, la proposición no de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados instando al gobierno a impulsar un pacto pacto en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, articulado en torno a diez propuestas concretas.
Nuestra historia reciente demuestra que los consensos amplios, los llamados Pactos de Estado, no son fáciles de lograr y requieren trabajos técnicos, negociaciones y trámites parlamentarios muy prolongados. En materia de ciencia disponemos de un precedente relativamente reciente de consenso, que se plasmó en la Ley 14/2011, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación.
Desde que en julio de 2008 la ministra del ramo nombró una comisión de 25 expertos para que elaborasen un primer borrador hasta que la Ley se publicó en el BOE transcurrieron tres años. Aunque no satisfizo completamente a nadie, la Ley recibió el apoyo de los partidos mayoritarios y de las formaciones nacionalistas, cosechando sólo tres votos en contra en el Congreso y ninguno en el Senado. Es difícil imaginar un consenso tan amplio en los tiempos que corren.
De forma casi premonitoria, el entonces portavoz del principal partido de la oposición, Gabriel Elorriaga, que llegaría a ser de gobierno sólo unas semanas después de la entrada en vigor de la Ley declaró, el día que quedó definitivamente aprobada, que la misma “contiene los instrumentos que van a permitir la gestión eficaz del sistema de I+D+i”, si bien “queda mucho trabajo por hacer en su desarrollo”.
Ciertamente, eran muchas las medidas que había que adoptar para desarrollar la Ley y su análisis exhaustivo queda fuera del reducido espacio de este artículo. Nos referiremos únicamente al devenir de varias de ellas que, por su urgencia, importancia y por servir de base para otras reformas posteriores, enunciadas en la misma Ley, se adoptaron en forma de mandatos imperativos, con plazos de ejecución tasados que expresamente se especifican en la misma. El primero de tales mandatos dispone que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), piedra angular del sistema de evaluación y asignación de recursos a la investigación, debía constituirse en el plazo máximo de un año. Pese a las repetidas iniciativas en sede parlamentaria reclamando el cumplimiento de la Ley, la Agencia no llegaría a ver la luz hasta poco antes de las elecciones del 20D, más de cuatro años después de aprobarse la Ley. Este mismo mes ha presentado su plan anual para 2017, en el que se recogen –entre otros extremos- los objetivos, funciones y principios básicos de la Agencia.
Un importante objetivo de la Ley era abordar la reorganización de ocho Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y poner las bases para, entre otras cosas, simplificar la gestión y permitir la movilidad del personal investigador, tal como recomendó la comisión de expertos. De ahí que el segundo mandato tasado en el tiempo se refiriese a la reorganización y unificación de las escalas de personal científico de los organismos públicos de investigación (OPIS). Un aspecto crucial de dicha reorganización tiene que ver con la universalización del sistema de evaluación del desempeño, de forma que la actividad de todos los científicos sería objeto de evaluación periódica por comisiones independientes, atendiendo a criterios públicos y objetivos, cuyo resultado condicionaría sus retribuciones. Para ello se fusionaron distintas escalas de personal científico de los distintos organismos, quedando agrupado en sólo tres nuevas escalas, que se crean en la propia Ley.
Si atendemos al borrador inicial que entregaron los expertos al Ministerio de Ciencia e Innovación, al término de su trabajo, éstos recomendaron (en la disposición Adicional Décimo Primera) la directa aplicación del sistema de evaluación y retribución vigente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las Universidades, que empleaba entorno a tres cuartas partes del total de científicos del conjunto de los OPIs, al resto de los investigadores de dichos organismos. Sin embargo, en el proyecto finalmente aprobado, en mayo de 2011, se quiso demorar dos años la aplicación del nuevo sistema para sortear la crisis, por si conllevara incremento del gasto. Mientras tanto, la Ley otorgaba al Gobierno dos de años para implementar el sistema de evaluación, que debía empezar a aplicarse –inexcusablemente- a partir del 1 de enero de 2014. Obviamente, la elaboración de dicho sistema no costaba un céntimo. Además, teniendo en cuenta que al mismo sistema retributivo se acogían varias decenas de miles de investigadores, el ministro Montoro estaría ahorrando en el chocolate del Loro, como ya tuve ocasión de denunciar hace más de un año. En definitiva, han pasado más de cinco años y el sistema de evaluación aún no tiene visos de establecerse, por lo que –obviamente- no pudo aplicarse en la fecha prevista en la Ley, ni tampoco puede aplicarse en el día de hoy.
Hace apenas unos días, representantes del grupo parlamentario de C’s y del Grupo Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados registraron, independientemente, sendas proposiciones no de ley (PNL), calificadas ambas el día 14 de febrero de 2017, denunciando –nuevamente- el incumplimiento flagrante de la Ley 14/2011 e instando, otra vez, al Gobierno a que termine con cinco años de discriminación e incumplimiento de la Ley.
No quiero terminar sin, por lo menos, referirme a otras medidas novedosas y necesarias previstas en la Ley 14/2011 y también víctimas de la desidia gubernamental: el Estatuto de la Joven Empresa Innovadora, para apoyar a los jóvenes emprendedores e innovadores, cuya elaboración y puesta en marcha estaba sujeta a un plazo máximo de año desde la entrada en vigor de la Ley; la reorganización de los organismos públicos de investigación (OPIS), cuyo análisis detallado y reestructuración hubiera permitido ahorrar mucho dinero en altos cargos y burocracia innecesaria, que está ahogando literalmente a la ciencia; la definición de la carrera de técnicos y tecnólogos de investigación y un largo etcétera.
Nos encontramos, pues, con que el único pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que ha llegado a materializarse en una Ley, quedó bloqueado en aspectos esenciales, por la inactividad del gobierno, durante más de un lustro. Y puede demostrarse que no era la crisis, era puro desinterés, pues muchas de las medidas eran gratis y hasta podrían haber representado un ahorro para las arcas públicas. Reflexionando, de forma retrospectiva, se concluye que si determinadas medidas nucleares de la Ley, como la creación de la Agencia Estatal de Investigación, la reorganización de los OPIS, o la plena integración de los científicos en el sistema de evaluación del desempeño ya existente, hubieran quedado mejor explicitados en el propio texto de la Ley, en lugar de dejarlo totalmente en manos del Gobierno, probablemente no hubiéramos tenido que lamentar todos estos años perdidos.
Sirva este breve repaso al recorrido poco afortunado de la norma en la que se plasmó nuestro primer pacto de Estado sobre la materia de aviso a navegantes. Un aviso para todos los que hoy demandan y confían en pactos y consensos. Si llegaran a materializarse –y ojalá que así sea- habría que preguntarse si podremos confiar en que las Leyes que eventualmente se derivasen de ellos llegarían a aplicarse con diligencia o si, por el contrario, sus entresijos y los detalles de su redacción permitirían al gobierno de turno demorar indefinidamente su puesta en práctica.
Sirva también este artículo para reivindicar el gran pacto que representó la Ley Garmendia. Hay que tener mucho talento y mucha mano izquierda para conseguir que, a la salida de la votación, tanto el señor Elorriaga (PP), como Tardá (ERC), pasando por Beloki (PNV), Riera (CiU) y, por supuesto, el portavoz socialista, esbozasen una sonrisa y se manifestaran como mínimo “moderadamente satisfechos”.
No sabemos cuánto tiempo van a tardar en implementarse los pactos en materia de ciencia e innovación que se anuncian y reclaman. Lo cierto es que tenemos una Ley, resultado de un pacto anterior, que todavía está por desarrollar y a la que se pueden hacer muchas modificaciones y mejoras.
Y, ante y sobre todo, el Gobierno tiene que cumplir la Ley vigente. Y la oposición tiene el deber de recordárselo como, afortunadamente, parece que está haciendo.