Cuando Juan Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado de España, se rodeó de un discreto equipo de colaboradores, que apenas superaba la docena de personas; cuando abdicó, treinta y ocho años después, eran 507 los funcionarios adscritos a la Casa Real, de los cuales 18 tenían rango de alto cargo. Este ejemplo sirve de exponente de la hiperinflación de empleos públicos experimentada en España en los cuarenta años transcurridos desde 1977.
Partamos de la certeza de un dato objetivo: España estaba habitada en 1977 por 36.255.708 personas, que en 2016 habían aumentado hasta un censo de 46.468.102 habitantes; lo que supone un incremento del 28,16% en esas cuatro décadas.
Mientras lo anterior sucedía con la población total de España, los empleos públicos, entendidos como el sumatorio de políticos, cargos de confianza y funcionarios, pasó, en el mismo periodo, de 1.358.100 a 3.018.200, es decir, se incrementó en el 122,22%, a un ritmo cinco veces superior al incremento de habitantes de nuestro país.
El economista César Molinas y la jurista Elisa de la Nuez, estimaron el número de políticos en España en 300.000, cantidad que duplica a la de Alemania, teniendo allí el doble de población, lo que equivale a decir que en este íbero país hay cuatro veces más políticos por habitante que en la Germania, todo un editorial en sí mismo, sobre todo si comparamos esa cifra de profesionales de la política española con la del número de médicos (177.665), policías nacionales y guardias civiles (142.063), o bomberos (27.844), ¿de verdad hacen falta en España el doble de políticos que de médicos?
Pero lo más dramático de esa alegórica comparación no termina ahí, sino al considerar que para lograr una plaza de doctor en medicina hay que tener el bachillerato superior, la nota media más alta en selectividad, un título universitario de seis años, opositar a MIR (médico interno residente) y realizar una especialización (cuatro años para medicina general y cinco para el resto), lo cual hace, en el mejor de los casos, once años; todo ello para ganar unos 2.000 euros al mes. Mientras que para ser diputado en cualquier parlamento español o concejal de un ayuntamiento, no se requiere ningún requisito que resulte excluyente, sino exclusivamente el dedo del líder de la formación de que se trate, gracias a las listas cerradas imperantes en nuestra pseudo-democracia, donde lo que marca la diferencia es el lugar que se ocupe dentro de una lista confeccionada por el jefe.
¿Y qué ocurre con los cargos de confianza? Hablo exactamente de esas personas, nombradas a dedo, sin otra meritocracia que la designación directa, que en muchas ocasiones no son contratados por entes públicos sujetos a intervención reglada, sino por sociedades privadas, pero cuyo capital está ostentado por entes públicos (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc…), que se convierten en maquinas de acumular pérdidas, abocadas a liquidación por sus frecuentes fondos propios negativos (según prevé la Ley de Sociedades Anónimas), donde, por ejemplo, siempre se puede contratar a una persona que haga de chofer de una alcaldesa de una relevante localidad de la Comunidad de Madrid, con cometidos tan importantes para el interés público general como recoger a los hijos de aquella del colegio, o pasar por el supermercado a recoger sus compras habituales.
¿Que supone el poder para nuestros partidos políticos? Pues básicamente la posibilidad de controlar varias decenas de miles de puestos de libre designación entre los propios. Ese es el drama de perder el Gobierno que tan bien conoce el PSOE, hasta el extremo de no haberse recuperado aún de ello, cinco años después, y la causa verdadera del vértigo que sotto voce empieza a inundar el PP, hasta el extremo de que entre ambos nos hayan llevado a la implantación del PP-PSOE en España, como partido único, en recreación del PRI mexicano, en esta tierra de Cervantes, Goya y Quevedo, donde el único oficio que no tiene exigencias: el de político, está más que bien pagado y sin necesidad de opositar, basta contar con el designio del jefe.