Rajoy y Puigdemont.
Actualmente debido al proceso independentista catalán tenemos sentados en el banquillo a personajes relacionados con el gobierno de Cataluña o sus instituciones, como Carme Forcadell, Artur Mas o Francesc Homs, por delitos relacionados con un desempeño desleal de sus facultades como representantes públicos, alterando las instituciones autonómicas con el objetivo de, en última instancia, desestabilizar al Estado y comprometer la soberanía nacional en tierras catalanas.
No obstante, quedarnos sólo en ellos sería tener la mirada muy corta. Estos personajes no son más que los cabezas de turco o la consecuencia de una serie de actuaciones que vienen desarrollándose mucho antes. Continuando con la terminología del derecho penal, los gobiernos de Madrid durante la democracia han sido los responsables del independentismo catalán por dolo, en tanto que aunque no han producido el resultado directo, sí que han estado habilitando en las últimas décadas a los independentistas a aplicar su hoja de ruta removiendo los obstáculos necesarios para ello.
Existe documentación publicada en el año 1990 que demuestra la existencia de una hoja de ruta del independentismo catalán conocida como el Programa 2000 que fue elaborada en aquel momento por Jordi Pujol y sus colaboradores, y fue filtrada a la opinión pública por primera vez el 28 de octubre de 1990 gracias al diario El Periódico de Cataluña. Dicho programa era un detallado plan de cómo expandir el nacionalismo en Cataluña en todos los ámbitos: medios de comunicación, sociedad civil, administración pública, empresas, y sobre todo, en las escuelas. Su objetivo era el de insertar en la población la creencia de que existía la nación catalana así como la existencia de una serie de valores característicos de la personalidad catalana. Este proceso era conocido como nation building, crear una nación de la nada mediante la manipulación y la tergiversación plenamente organizada e impulsada desde las instituciones.
A pesar de este plan independentista hace ya 27 años, no podrían explicarse las tensiones territoriales de hoy y el sentimiento independentista en Cataluña sino tenemos en cuenta lo que pasó después. Seis años después, en 1996, el gobierno de José María Aznar firmó con CiU el famoso Pacto del Majestic, para que a cambio de recibir los votos suficientes para gobernar España, se cederían competencias como la de Educación. Es más, a partir de ese momento, el gobierno de Madrid dio rienda suelta a la hoja de ruta separatista, cuando no opuso resistencia a la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento Catalán. En la primera frase del preámbulo de dicha Ley se señala explícitamente lo siguiente: “La lengua catalana es un elemento fundamental de la formación y la personalidad nacional de Cataluña […]”. Es importante añadir que uno de los colaboradores más importantes de este pacto fue nuestro actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en sus memorias publicadas en 2011, En Confianza, admite que su presencia fue clave y que incluso más adelante propuso un Majestic II.
Por tanto, los verdaderos responsables son los gobiernos de Madrid, sean del partido que sean, ya que lo mismo sucedió con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en 2006, exactamente diez años después de las concesiones del PP, permitieron la aprobación de un nuevo Estatuto en el que se reconoce la nacionalidad catalana en su preámbulo: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Además, dicho Estatuto era contrario el principio de igualdad y solidaridad otorgando una Hacienda propia, entre otras concesiones.
Ni PSOE ni PP tienen nada que reprocharse. Actualmente, Rajoy como presidente del Gobierno se encuentra incapacitado a ceder dada su condición presidencialista, aunque no por convicciones personales que en el pasado ha demostrado no tener. No obstante, en lo que ha podido ha continuado agasajando a los nacionalistas para comprar su silencio con la promesa de invertir 4200 millones en infraestructuras, a pesar de que Cataluña es la región que más inversión ha recibido en los últimos diez años. Por el otro lado, el ahora candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para asegurar su victoria en las próximas elecciones da un paso más allá con la situación actual al considerar oficialmente a Cataluña como una nación dentro de según él, “un Estado plurinacional”, y promete reformar el sistema de financiación para socavar un poco más el principio de solidaridad interterritorial.
Otra vez, diez años después, la historia se repite con tal de volver a asegurar la mayoría en el Congreso. PP y PSOE, PSOE y PP. Tanto monta, monta tanto. Desde esta perspectiva histórica, ¿alguien sigue pensando que no es necesario reformar la Ley Electoral para evitar el chantaje nacionalista en el Congreso?