Los científicos abren la caja de Pandora en el aniversario de la Ley de la Ciencia

Hace ya unos meses que saltó a la palestra el tema del incumplimiento recalcitrante por parte del Gobierno de la Ley 14/2011, de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de cuya publicación en el BOE hace hoy seis años.

La actuación de los partidos de la oposición, Ciudadanos y PSOE, que han presentado sendas proposiciones no de Ley y preguntas al Gobierno (Cs) ha obligado a este último a mover ficha, tras un lustro de inactividad en el cumplimiento de la Ley.

Ya he glosado en otro artículo la magnitud y alcance de los incumplimientos y dilaciones de una norma que fue aprobada por amplísimo consenso, sólo tres votos en contra en el Congreso y ninguno en el Senado, y se decía tan importante, pero que -en la práctica- se ha dejado vacía de contenido por pura desidia.

El pasado viernes se publicó en un medio autonómico una entrevista a una científica oceanógrafa, en la que se hacía un sucinto repaso de algunos problemas que aquejaban a la ciencia y a los científicos en España.

La entrevistada hizo especial hincapié en el incumplimiento que ha situado a cientos de científicos en un limbo legal lo que motivó su protesta y varias iniciativas pidiendo explicaciones al Gobierno. La Ley 14/2011 unificó las escalas científicas de todos los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y dispuso la extensión del sistema de retribución condicionada a la evaluación objetiva del trabajo realizado que rige desde hace casi treinta años para los investigadores de las Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), unos 60.000 en total, a un reducido colectivo científicos de otros OPIs, entre 700 y 800 en total, que aún se hallaban excluidos de él.

La particularidad de dicho sistema estriba en que una parte muy significativa de las retribuciones, hasta el 30%, depende directamente del resultado de la valoración periódica del trabajo desarrollado, la cual es llevada a cabo por comisiones evaluadoras independientes, que se atienen a los criterios objetivos que se publican anualmente. El sistema alternativo es el que rige para la mayoría de los funcionarios –y todavía para este colectivo residual de científicos- en el que el grueso de las retribuciones extraordinarias (productividades) se otorga de forma discrecional.

Libertad de investigación y excelencia científica

La comunidad docente universitaria tuvo claro, desde el principio, que este sistema retributivo estándar era absolutamente incompatible con el principio de libertad académica “que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio”, a decir nuestra primera Ley Orgánica sobre la materia (la L.O. 11/1983, de 25 de agosto).

No puede concebirse un ejercicio pleno de esta libertad cuando hasta la tercera parte de los emolumentos del profesor o investigador pudiera llegar a depender de la asignación discrecional y reservada de fondos por una autoridad académica. 

La implantación de este nuevo sistema en la Universidad provocó, también en 1989, la reacción inmediata de los científicos del mayor organismo público de investigación, el CSIC, que agrupa a casi 80% del total de científicos adscritos a los OPIs del Estado. En unos pocos meses todos quedaron también incorporados al nuevo sistema de evaluación/retribución descrito más arriba.

Distintos estudios llevados a cabo sobre el efecto de la implantación de este nuevo sistema en el ámbito universitario, y en el CSIC, han concluido que su implantación ha redundado en un incremento muy significativo de la cantidad y calidad de los trabajos científicos producidos. Muchos índices de calidad de Universidades y programas de estudio, procesos de concurrencia competitiva y participación de órganos de evaluación consideran el resultado de las evaluaciones de méritos científicos como un indicio de calidad y productividad de la Institución o de la carrera personal. El que no dispone de evaluación está, de hecho, fuera del sistema.

Más allá del incumplimiento de la Ley: se abre la caja de Pandora

Como ya he dicho, la oposición ha instado al Gobierno en varias ocasiones, en dos Proposiciones No de Ley y una pregunta, cumplir el art. 25 de Ley de la Ciencia. El Gobierno aduce que el cumplimiento de la Ley podría incrementar el gasto. Digo podría porque, en puridad, hasta no se efectúen las evaluaciones y se determinen cuáles son positivas y cuáles no, no puede saberse cuál sería. Además, los emolumentos asociados a la valoración de méritos objetivos son incompatibles con los que se entregaban de forma discrecional y reservada a los mismos funcionarios. Por lo que el incremento se reduciría a la diferencia.

A finales de 2014, el Ministerio de Economía y Competitividad preparó un borrador de Real Decreto sobre la materia y una memoria económica en la que estimó –suponiendo una tasa del 100 y 80% de éxito para los dos componentes retributivos implicados, quinquenios y sexenios- un coste 1,9 millones de euros al año, a repartir entre unos 800 científicos. Ahora, según parece, la incidencia presupuestaria real se ha afinado a 1,4 millones. Unos 146€ euros brutos per cápita al mes, en promedio. Y eso suponiendo un 80% de éxito en la evaluación de los tramos de investigación potenciales, muy superior –por ejemplo- al promedio de las Universidades en las que la tasa media se sitúa por debajo del 50%.

Cuando esta memoria se envió al Departamento que dirige Montoro, acaeció una negativa total: no había previsión presupuestaria así que no había forma de cumplir la Ley, no procedía ni siquiera ir evaluando los méritos para cuando lo hubiera. En 2016, tampoco había nada presupuestado. En 2017, de entrada no, por dos veces. En 2018, quizás.

No hay un responsable económico de carrera de las distintas administraciones del Estado que hayamos consultado que no concluya de forma categórica: el motivo no es económico. Y ello porque manifiestamente no hay proporcionalidad entre la intensidad del mandato, dimanante de una norma con rango de Ley, y su repercusión económica relativa en los presupuestos del Estado. “Irrisoria. Lo mismo podrían aducir por cien euros o por un euro, cualquier ley se podría despachar con este argumento”.

Por si no fuera suficiente, en lo que va de año las justificaciones formales del Ministerio que dirige de Guindos, apoyado en los técnicos de Hacienda y de la Abogacía del Estado, empiezan a hacer agua frente a la realidad de los hechos que no los corroboran de ninguna manera.

En efecto, últimamente han empezado a conocerse “serias disfunciones” en la aplicación de las normas. En resumen: el gobierno defiende una interpretación ante los Tribunales y el Parlamento y después está haciendo lo contrario en la trastienda. Así, por ejemplo, dice que hay que esperar al nuevo Real Decreto para establecer unos nuevos criterios para efectuar las evaluaciones de méritos, pero está aplicando los ya existentes a algunos a los que según sus propias tesis no se les podrían aplicar; a la vez que rechaza a otros en las mismas condiciones dependiendo de quién sea y de cual sea su adscripción administrativa.

La situación llega a ser tan kafkiana que la propia Secretaría de Estado de Educación y Universidades ha resuelto que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) evalúe a todos los científicos con los criterios que ya existen por imperativo legal y que no existe justificación legal para seguir incumpliendo la Ley en este apartado. O sea, lo contrario que sostiene el Ministerio que lidera de Guindos y sus entidades dependientes.

El disparate administrativo alcanza el paroxismo cuando se constata que hay grupos de investigadores que, contra lo que dice el Gobierno, no sólo están siendo evaluados conforme a los criterios preexistentes, sino que además han visto reajustadas sus retribuciones con cargo a un presupuesto que, según Hacienda, no existe.

Los detalles de lo que realmente está ocurriendo se ha trasladado mediante un escrito firmado a los responsables de los principales grupos parlamentarios, a los directores de todos los OPIs, Ministros y Agencia de Investigación. Varios grupos parlamentarios han respondido manifestando su preocupación. Hace tres días el grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una pregunta al Gobierno sobre estos extremos.

Se quejaba la oceanógrafa que citaba al principio de este artículo de que nuestro Gobierno sostiene a los cuatro vientos que “La alternativa a no cumplir la Ley es la nada, la selva“, a la vez que incumple indefinidamente las normas de rango superior.
En este sexto aniversario de la publicación Ley que materializó el primer pacto por la Ciencia real que hemos tenido, no estaría de más que el Gobierno regalara algo de atención a todos los que se han visto afectados por su indolencia durante todos estos años. Una buena forma de soplar las velas en estos tiempos de renovado consenso.