Estos días se va a producir en el Congreso de los Diputados un debate sobre una moción de censura contra el presidente del Gobierno y su partido que en minoría parlamentaria se defiende a manotazos ante los ataques de la oposición.
Aún no ha cumplido el año esta legislatura que algunos preveían breve y otros albergaban esperanzas ante la posibilidad de llevarse a cabo reformas en colaboración con el hemiciclo más repartido de la historia de nuestra democracia. Sí se cumple un año desde la última campaña electoral que precedía a las elecciones del 26 de junio, segunda intentona para lograr la conformación de un gobierno capaz de no desgobernar el país.
La primera, la más publicitada, la que ya se ha estrenado en distintos ensayos generales en parlamentos autonómicos e incluso en plenos de ayuntamientos donde los perplejos vecinos recibían una vez más otra demostración de moralina.
La segunda, no tan mediática, apoyará los argumentos de la primera y se distinguirá al haber puesto ya sobre la mesa una serie de medidas que nos ahorrarían a los ciudadanos futuros espectáculos bochornosos. Esta segunda, la de la política útil, propone reformas para una democracia como la española que se resiste a dejar de ser impúber y aceptar su madurez.
Los representantes de Podemos y su séquito pretenden alcanzar lo que no lograron hace un año, sacar al Partido Popular de las instituciones. Esta vez prescinden del apoyo de las urnas para cederle el testigo a los escaños del Congreso. Enarbolan en defensa de sus pretensiones la causa de un PP corrupto que parasita las instituciones democráticas españolas. No les falta razón al exponer lo que es para los españoles el mayor problema, junto al desempleo, de una sociedad que necesita de las herramientas suficientes para volver a levantarse.
Es aquí donde entran en juego Albert Rivera y su equipo. Si hacemos memoria, la XII Legislatura parte gracias a una serie de exigencias de los naranjas que incidían en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El PP aceptó de mala gana las lentejas y se han puesto ya en marcha distintas comisiones de investigación para aclarar las responsabilidades políticas de una supuesta financiación ilegal.
El líder de la formación naranja exponía hace unos días en rueda de prensa el deseo de su partido por “recuperar la confianza en la Fiscalía, órgano fundamental para perseguir el delito en nuestro país”.
Así presentaba el Proyecto de Ley de Ciudadanos para una Fiscalía independiente. “Es hora de poner punto y final a una etapa en la que el Fiscal General del Estado sea de un partido político contra otro” pasando a ser, en palabras de Albert Rivera, “el de todos los españoles y no del gobierno de turno”.
El Fiscal General del Estado es el mayor responsable en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Es propuesto por el Gobierno y según el proyecto de ley de Ciudadanos debiera ser ratificado por 2/3 del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, la duración de su cargo pasaría de los 4 años actuales a 6 años que excederían así el mandato previsto para una legislatura debiendo también apoyar su cese los 2/3 de la cámara baja.
Albert Rivera, que presentó el proyecto de ley junto a Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso, incidió en los requisitos que debiera cumplir quien desempeñe el cargo de Fiscal General del Estado. “Para acceder a este cargo se exigirán 25 años de ejercicio profesional, frente a los 15 actuales. Queremos dotar de mayor legitimidad al Fiscal General del Estado, que sea una persona absolutamente respetada en el ámbito de la justicia y en la fiscalía”. Resalta así Rivera el mérito y la experiencia de la persona que desempeñe el cargo.
“Nos parece imprescindible que el futuro Fiscal General del Estado pase por un control parlamentario serio y riguroso”. Exige también Rivera una mayor transparencia en las comunicaciones con el Gobierno, pasando a ser éstas a ser de forma obligada por escrito, para su conocimiento por parte de todas las formaciones políticas y del resto de los ciudadanos.
Son herramientas éstas que ofrece la formación naranja para una Fiscalía independiente, despolitizada, con plena autonomía para desarrollar su labor. Reforzando el Estatuto Fiscal, garantizando partidas económicas recogidas en los presupuestos y solo respondiendo ante órdenes generales del gobierno y sus ministros.
El martes, para colmo día 13, la expectación será grande para todos aquellos espectadores que esperan otro espectáculo de aquella oposición sin ideas ni propuestas.
El resto de los españoles esperamos expectantes a que se lleven a cabo reformas como esta de la Fiscalía que propone esa otra forma de entender el trabajo de la oposición.