El derecho que asiste a cualquier imputado en causas penales para ejercer su lícita defensa con todo el argumento que pueda estar a su alcance es entendible, e incluso plausible; pero que un testigo judicial mienta, o sea inexacto, ante un tribunal de Justicia es censurable, e incluso es un hecho constituyente de delito en sí mismo, más allá de la idiosincrasia, peculiaridad o particularidades del sujeto del que se trate.
Si además el protagonista de estos posibles hechos es un personaje de especial relevancia social, como, por ejemplo, exministros e incluso vicepresidentes en el Gobierno de España, el tema entra en otra dimensión. Si llegan a éstos hitos en este momento, ¿que no pudieron hacer mientras tenían en sus manos asuntos tan sensibles como la seguridad de todos los españoles a través del Ministerio del Interior o sus datos fiscales a través de la Agencia Tributaria, como ministro de Hacienda? Sólo de pensarlo da escalofrío.
Más de cuatro años después que el presidente del Gobierno de España, enviara un SMS a un presunto delincuente por blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa procesal, cohecho, y diez delitos fiscales, que se ha acreditado que mantenía cuentas en paraísos fiscales con más de 48 millones de euros, y a la sazón nombrado tesorero del Partido Popular por el propio Mariano Rajoy, con el texto de “Luis, lo entiendo, sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Han comparecido, como testigos, en sede judicial Francisco Álvarez-Cascos (exministro, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PP), Javier Arenas (exministro, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PP), Jaime Mayor-Oreja (exministro), Ángel Acebes (exministro y exsecretario general del PP) y Rodrigo Rato (exministro, exvicepresidente del Gobierno, ex-gerente del FMI y expresidente de Bankia), para decir que “no saben, no les consta y desconocen” cualquier extremo sobre la presunta contabilidad B del Partido Popular, ni sobre donativos recibidos relacionados con posibles comisiones percibidas a cambio de concesiones de obra pública, así como negaron haber recibido cualquier “sobresueldo”, como sí aparece en los registros anotados por Luis Bárcenas en sus conocidos “papeles”.
Quizás la respuesta que califica todos los interrogatorios a tan representativos integrantes del Partido Popular, sea la que realizó Rato a la pregunta de una las acusaciones particulares sobre si había verificado los 6.850 euros mensuales que aparecían a su nombre en dichas anotaciones, a lo cual respondió, secamente y con la soberbia que le caracteriza: “Sí, no las he recibido ya están verificadas”.
Parece bastante obvio que desde el inicio de este caso, a ahora, ha habido una sinergia en los intereses del Partido Popular como tal, su líder actual y Luis Bárcenas, pues al margen del “no saben, no les consta y desconocen”, la otra “idea fuerza” utilizada por tan insignes testigos, es que Luis Bárcenas (que llegó a ocupar un puesto en el Senado por el PP) era poco menos que un simple administrativo, encargado de labores de intendencia, como el reparto de las plazas del parking de la calle Génova, 13 y que en estos temas simplemente obedecía órdenes del ahora, incapacitado por “demencia sobrevenida”, Álvaro Lapuerta, en todo un ripio que nos recuerda a las películas del cine negro de los años cincuenta del siglo XX.
Que el Partido Popular está más que especialmente afectado por la corrupción es algo de lo que no tienen duda los españoles, más allá de a que partido político vote cada uno. La actual dirección popular se ha aferrado al único mantra de resistir, lo cual le impide que la necesaria regeneración suceda, lo que a estas alturas solo se producirá fuera del poder.
De momento, a parte de los hechos conocidos, las diferentes tramas de corrupción (Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Auditorio, Brugal, Fitur, Funerarias, Tarjetas Black, Bankia, Guateque, Naseiro, Palma Arena, Taula, Parques Eólicos, etc), los 48 millones mantenidos por Bárcenas en Suiza, los sobresueldos anotados por éste y los donativos recibidos de las grandes constructoras de obra pública en España.
Ya tenemos a sus grandes referentes políticos de los últimos años, después de haber jurado, o prometido, decir la verdad, en sede judicial, manifestando que “no saben, no les consta y desconocen”, y el veintiséis de julio será el presidente del Gobierno de España quien será preguntado por ello ante un juez, cobrando un especial interés la posible cuestión de si no pasaba nada en el PP, en relación a estos asuntos, sobre los que no saben, no les consta y desconocen, ¿cuál es la causa por la que decidió prescindir de todo, y todos, a quienes todo el mundo conoce dentro la trama Gürtel?
De lo ya dicho, jueces y ciudadanos tomamos nota; de lo que pueda decir también lo haremos, porque… el señor Rajoy, ¿prometerá, o jurará, decir la verdad?