A la campaña contra el turismo desarrollada recientemente por los radicales se ha sumado la huelga convocada por los empleados de Eulen que desarrollan actividades de vigilancia en el aeropuerto de El Prat (Barcelona).
El caos y la mala imagen se han adueñado del aeropuerto. Inmensas colas se dibujan en los accesos a los controles, que implicaban demora de horas, con todas sus consecuencias.
Los empleados de Eulen piden una mejora en sus emolumentos, que tampoco parece un despropósito, y cuya principal razón viene derivada de esos contratos de externalización de servicios o outsourcing que, en este caso, AENA practica. Algo inaudito, pues se trata de un trabajo fijo, necesario y permanente, que no debía de dar a externalización o licitación alguna, cuando la respuesta son adjudicaciones del servicio a la baja que repercute principalmente en los salarios de los trabajadores y no en el beneficio de la empresa adjudicataria.
Así vemos como hoy en día gigantes, grandes y medianas empresas incorporan personal cualificado, o no, a través de otras empresas cuyo único objetivo es alimentar las plantillas de aquellas, sin que las mismas tengan vínculo alguno con el personal, que incluso desarrolla su trabajo en las propias sedes de las empresas contratantes. Todo un despropósito y un fraude de ley al que al parecer nuestras autoridades no le prestan mayor atención. Lo importante es mejorar las estadísticas de empleo como sea.
Tras la decisión de que los servicios mínimos debían de cubrir el 90% y de que la Guardia Civil acudiese como refuerzo, la normalidad volvió al aeropuerto. Algo que podría no ajustarse a la normativa legal en vigor.
El derecho a la huelga está contemplado en la Constitución Española, artículo 28 y desarrollado en Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Y también es algo que tras 40 años en vigor debiera ser revisado y adaptado a la actual situación.
En definitiva, hay que actualizar el marco normativo laboral, tanto en lo que se refiere a la externalización del trabajo, a la precariedad de los contratos y salarios, así como al ejercicio al derecho de huelga. En Europa solo Grecia tiene índices de desempleo similares a España. Por algo será.