Decisión de todos

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley Orgánica 2/1980 regula las condiciones, requisitos y formalidades para la celebración de una consulta popular en España.

La actualidad política de Cataluña dista mucho de ser en mi opinión una mera actuación irresponsable del gobierno autonómico. Cierto es, y no creo que dudar de la envergadura de asunto sea beneficioso, que la sociedad catalana está dividida y en los últimos tiempos enfrentada. Ante esta tesitura España puede y debe actuar.

Los mecanismos para tomar decisiones políticas en situaciones inéditas en nuestra democracia, (como es esta), han de basarse en lo regulado en nuestro ordenamiento jurídico para estos casos, y ello implica que cualquier decisión con respecto al futuro político, organizativo e institucional del Estado pase necesariamente por una consulta dirigida a todos los interesados en el asunto, es decir, a todo el pueblo español, guste o no guste al secesionismo.

Es por una decisión unilateral del gobierno autonómico catalán por lo que todos los españoles nos encontramos en un momento histórico esencial. Momento en el que los odios, sectarismos y victimismos han de dejarse a un lado para lograr una transición política razonada y razonable. Para esa labor necesitamos políticos de altura, políticos capaces de obviar sus enfrentamientos dialécticos electoralistas y que creen un modelo organizativo estatal que satisfaga las necesidades de todas las regiones y pueblos que componen nuestro país. No es momento de nacionalismos, de enfrentamientos estériles, lo es de comités de sabios, de acuerdos históricos que propicien un modelo de convivencia que satisfaga nuestras necesidades como sociedad al menos otros 40 años más.

De este brete no parece que nuestra Constitución salga indemne, por ello es momento para que todos decidamos el país que queremos en adelante, con justicia y escrupuloso respeto a la ley, la única fuente de pacífica convivencia.