España está casi toda de acuerdo; desde posiciones alejadas, como Alfonso Guerra, Soraya Sáenz de Santamaría y Albert Rivera, en el panorama político manifestaron los actos ilegales cometidos en Cataluña por su Parlamento, además del presidente de dicha Comunidad Autónoma.
S.M. Felipe VI, Rey de España, ha comentado su opinión en sendos discursos históricos, uno vía televisión a toda la nación, otro en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. El Presidente del Parlamento Antonio Tajani ha coincidido en la misma dirección de identificar como ilícito los actos y acciones de aquella parte de España.
Finalmente, tras días de cartas, espera, paréntesis, confiando en una cordura ausente, el Presidente Mariano Rajoy ha instado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978 al Senado. Carlos Puigdemont sigue en sus trece, acusando a todos los anteriores de antidemocráticos contra el pueblo catalán y sus acciones. Ellos, sus correligionarios en el Parlamento y entidades llamadas sociales, perfectamente apesebradas del erario público, fueron los primeros y únicos en transgredir Estatuto, así como disposiciones del Tribunal Constitucional.
La culpa es nuestra. Nosotros, el pueblo español, hemos confiado la dirección de nuestro país a un grupo de políticos profesionales. Da igual el signo ideológico, viejos y nuevos, promesas que no llegan y otras tendentes a desaparecer en breve tiempo; estos últimos serán los primeros en irse. Se conformaron con cuarto y mitad de cada punto geográfico, en base a la idea de echar del poder a un hombre con barba, odiando la unidad y mirando de reojo a todos los vecinos de su propia escalera. Son tan raritos que sus propias confluencias están en abierta discrepancia del Secretario General; éste de su segundo, tercero, pareja primera y disquisiciones con la segunda, sustituta del segundo y de la primera. ¿No os recuerda el camarote de los hermanos Marx en el Hemiciclo?
El remedio elegido para detener el Golpe de Estado en Cataluña es comenzar un tortuoso camino del entramado constitucional; acertado, por otra parte, pero lento, muy lento, demasiado para muchas opiniones. Una semana, otra más, tiene de plazo para comenzar a revertir el orden institucional en aquella Comunidad Autónoma. Sus dirigentes del Gobierno y el Parlamento han cogido la partitura del Estatuto que rige sus funciones, cuan turuta borracho de poder en este caso, y despreciado el orden legal.
Poco tiempo tardaron en acusar el discurso, así como las propuestas del Presidente del Gobierno. Las medidas de Mariano Rajoy, en nombre y cabeza del Gobierno de España, son buenas. Aunque la Administración General del Estado, con la jurisdicción contenciosa administrativa incluida, hace dudar de la eficacia a corto plazo de la petición al Senado. Esto recuerda a la frase atribuida a Napoleón Bonaparte: "Si quieres que un problema no tenga solución, crea una comisión".
Los Senadores, miembros de Congreso nacional o autonómico, son un conglomerado de personas muy ocupadas. Tengo tan buena opinión de su trabajo diario, en cantidades verdaderamente industriales, que estoy convencido en el error de entregar una semana más a estas criaturas. En cambio, España dispone de un montón de compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado preparados, formados, dispuestos y en un gran despliegue en las zonas afectadas por la sedición.
Los órganos judiciales están muy especializados en la lucha contra una de las lacras del pasado siglo que perduró en el presente: el terrorismo. ¿Recuerdan cómo se comenzaron a tener los mejores éxitos? Se atacó la financiación, cortando las vías para abastecer a los delincuentes y mantener su rumbo, podemos lograr estrangular varios de sus delitos.
Esa robolución promovida desde el PdCat -antes Convergencia Democrática de Cataluña, con sedes embargadas para hacer frente a condenas penales-; secundada por Esquerra Republicana -quien piensa en la bondad de la salida de los bancos, empresas y depósitos-, al igual que CUP, quien ha aconsejado la huida del Gobierno Catalán a Perpiñán, son unos verdaderos majaderos. ¿Sabrán que Francia y España están dentro del Tratado de Schengen, incluidas las Órdenes de Detención Europeas? Puede ser significativa su estupidez natural, aun siendo íntimos amigos de ETA, de sus dirigentes políticos y terroristas condenados.
Se echa mucho de menos la aplicación del Código Penal a los sediciosos, rebeldes y delincuentes. España está harta de pagar una revolución contra los propios ciudadanos. Sin otorgar consentimiento nuestro utilizan impuestos, que sustancian ese Golpe de Estado. Bien podrían instar mediante denuncia de la Fiscalía y Abogacía del Estado la investigación de la entrega de fondos para la compra de las urnas, carteles, pegatinas y pancartas; incluso la utilización de medios públicos -como el teléfono, coche, tiempo, viajes- para fines contrarios a la Ley.
Veremos esta semana...