El Gobierno de España paralizó el Golpe de Estado en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978. La Fiscalía General del Estado interpuso una querella criminal contra el ex-gobierno y la Mesa del Parlamento de la Comunidad Autónoma. Los presuntos delitos son muy graves: malversación de fondos públicos, sedición y rebelión. Esos detenidos se unen a los presidentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) en prisión previamente, conocidos como los Jordis. Las posibles condenas van in crescendo hasta los 30 años para cada uno de los imputados. Pero, ¿son los únicos responsables?
Los detenidos son miembros de la coalición Junts pel Sí es una candidatura electoral para las últimas elecciones autonómicas celebradas. La coalición está formada por Convergencia Democrática de Cataluña -CDC-, Esquerra Republicana de Cataluña, Demòcrates de Cataluña y Moviment d'Esquerres. Su objetivo era la declaración de independencia y constituir una República en dicho territorio. Has leído bien, te refrescaré la memoria; CDC desapareció del mapa político y se reinventó en el Partido Demócrata Europeo Catalán. Esto se produjo tras años de escándalos judiciales de Jordi Pujol y su familia, Arturo Mas, así como tramas delincuenciales como el Caso Palau, entre otros. De tales hechos, llegaron a estar embargadas por orden del juzgado las 15 sedes de dicho partido. ¿Cómo ha quedado todo eso? Un tanto difuso, como tantas cosas.
La estructura de esos partidos y asociaciones, sostenida por fondos públicos, han servido para la desestabilización de la comunidad autónoma. Más de 1200 empresas han salido de allí; el paro ha aumentado en 14.698 personas. El turismo, motor de la economía de toda España, ha caído un 15% desde la jornada del 1 de octubre. Ni los atentados de Barcelona en este verano tuvieron unos resultados tan desastrosos para dicha comunidad.
Esos partidos y asociaciones han creado una maraña de actos, actuaciones, programas y proyectos que son mantenidos por el conjunto de los ciudadanos de España. Las subvenciones tienen vigilancia de la propia Administración, quien evalúa se hayan cumplido los fines requeridos. Sin embargo, todo parece indicar, sus propósitos se alejaban mucho del ordenamiento constitucional, al menos en el respeto al resto de ciudadanos de este país nuestro.
Sus afiliados han elegido a los dirigentes mediante procedimientos democráticos. Las diferentes jornadas electorales y sus posteriores sucesos, como por ejemplo el acoso a la comisión judicial en la Conserjería de Economía el pasado mes de septiembre, dotaron de violencia a numerosos grupos de afiliados y simpatizantes. Además, se tiene constancia de la participación en el aquelarre del día 1 de octubre, producido en contra de instrucciones del Tribunal Constitucional.
El próximo día 21 de diciembre se han convocado elecciones en aquella comunidad, gobernada por presuntos ladrones, sediciosos y rebeldes de guante blanco con alma sucia. Ya han comenzado a reunirse casi todos los partidos y sus dirigentes. Entre otras cuestiones han de dilucidar los cabezas de lista, el programa electoral, incluso si se presentarán o no de manera individual, colectiva o conformando nuevas coaliciones.
Se están ofreciendo luchas intestinas muy interesantes. Al menos por aquellas formaciones mitad de acá, allá y acullá. Los comunistas de nuevo cuño y vieja tradición, aquellos cuyos círculos ciudadanos elegirían a sus dirigentes, resultan enzarzados en reconocer la República o no; intentar conformar candidatura propia o no. Incluso algunos de ellos intentan evitar ser relegados tras una columna, como se hace en el Congreso de los Diputados, o no.
El mal llamado “frente constitucionalista” está formado por tres partidos: Partido Popular, pretende volver a primera línea de apoyos en Cataluña; Ciudadanos, intenta “tocar pelo” por la baja defensa allí de la línea contra el nacionalismo. El PSC – PSOE es un lío por definición. Pedro Sánchez tiene dudas del término nación y del número de ellas existente en España. Iceta presenta más incógnitas: rechaza PP, no quiere independentismo y promueve una reforma de la Constitución. ¿Cuánto se parece a Podemos? A escala, demasiado.
Los partidos cuyos dirigentes están en prisión preventiva pretenden poner en cabeza de la candidatura a los imputados internos, sin olvidar al grupúsculo de cobardes que huyeron a Bélgica. ¿Puede un estado democrático permitir la presencia en unos comicios a los partidos que han provocado una crisis en dicha Comunidad y que provocó la intervención de la misma, destitución de su gobierno y disolución del Parlamento?
Se debe ilegalizar dichos partidos, coaliciones y candidaturas electorales cuyo principio sea la destrucción del estado o su reforma mediante procedimientos no recogidos en la Constitución Española de 1978. Si ya ha ocurrido en una ocasión, ¿se debe dar una segunda oportunidad sin arrepentimiento ni reforma propia?