La pregunta que la actualidad social y política nos ha dejado en los últimos días es …¿cupo o cuponazo?, ello a raíz de la aprobación por parte del Congreso de los diputados del llamado "Cupo vasco", que tiene sus raíces en la historia de España a finales del siglo XIX, concretamente en 1878, tras las guerras carlistas.
El resultado de la votación, con una gran mayoría parlamentaria que votó a favor, compuesta por PP, PSOE y también Podemos, además de otros grupos, solo contó con la oposición de Ciudadanos (32 votos) y Compromís (4 votos) y en la Cámara se oyó la expresión que recojo en este artículo de cuponazo, seguido del argumento de que el Cupo vasco… "es legal, pero injusto".
A excepción de las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra, todas se financian a través del llamado “régimen común” y la peculiaridad de aquellas es que recaudan directamente sus impuestos y gestionan sus cuentas, aportando una cantidad fija, bajo un concepto parecido a lo que se expresa al hablar de tarifa plana, cuyo importe se negocia con regularidad con el Estado central, constituyendo una excepcionalidad en el panorama internacional, que ha quedado ahora fijado en 1.300 millones de euros en el caso de Euskadi.
La cantidad del Cupo se calcula sobre determinadas variables, aunque la básica que se dice esgrimir es la del porcentaje que supone el País Vasco sobre la renta estatal de España, estimada en el 6,24% (1,7% para Navarra), lo cual encierra una paradoja en sí misma, porque si Euskadi, con el 6,24% de la renta nacional, aporta un "Cupo" al Estado de 1.300 millones de euros, el posible cupo al que Madrid tuviera derecho, con el mismo baremo, estaría en torno a los 4.000 millones de euros, ya que su porcentaje en la riqueza estatal es del 18,90%, muy lejos, como vemos, no ya de su aportación fiscal real, sino inclusive del déficit fiscal que le es reconocido, de 19.205 millones de euros.
El artículo 14 de la Constitución española señala de forma expresa que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y a la vista de los desequilibrios entre las comunidades autónomas españolas, publicados de manera oficial, parece no cumplirse dicho precepto, al menos en el terreno de la fiscalidad, según el cual un residente en el País Vasco goza de 4.654 euros anuales de financiación regional, mientras que otro residente en Valencia se tiene que conformar con 1.798 euros, 1.883 si es residente en Madrid, 1.922 si lo es en Cataluña o 2.249 euros si es asturiano.
Con lo cual una nueva pregunta es oportuno plantearse en este momento: ¿somos todos los españoles iguales, al menos en obligaciones y derechos?
Aunque quizás conviene no quedarse solo en la superficie y entrar más en el detalle del Cupo vasco porque si no, ¿por qué una persona tan inteligente, y con tan fino olfato político, como Jordi Pujol, optó por descartar el ofrecimiento que el Estado español le realizó en 1980 para implantar un cupo en Cataluña?
Al parecer dos eran los argumentos que animaron al ex-molt honorable a descartarlo, por un lado el riesgo de asumir la gestión de la recaudación por si mismos, sin posibilidad de apelar a instrumentos estatales en caso de necesidad, por ejemplo el FLA (Fondo de liquidez autonómico) y por otro lado su propio convencimiento de que para Cataluña era mejor tener un sistema de financiación que, aún dependiendo del Estado, le pudiera permitir sacar más recursos gracias a la negociación política de cada momento y a los posibles apoyos parlamentarios a los gobiernos de turno (ya fueran PP o PSOE).
Y es que quizás, visto lo visto, el problema de la solidaridad entre los distintos territorios de España y la propia auto-responsabilidad de sus dirigentes, quedaría resuelto con la implantación del modelo de cupo en las diecisiete comunidades autónomas españolas, más Ceuta y Melilla, bajo los mismos criterios y con la misma exigencia en no tener posibilidad de obtener más ingresos que los que cada una pudiera recaudar, así nos evitaríamos que las administraciones autonómicas que reciban sean siempre las mismas (disculpen ustedes) …y las que aportan también.
¡Cupo para todos! …así nadie podría ser acusado de ser reiterado beneficiario del cuponazo.