La banca en España se ha convertido a efectos de acumulación de poder en lo que el ejército español y la Iglesia lo fueron en el siglo XIX. En el precario Estado liberal al menos funcionaba como una entidad con fines determinados, el ahorro y el préstamo al ciudadano o al Estado. De hecho, una de las reformas fundamentales del Estado liberal fue el control de la Banca y del capital privado, para la cual emprendió un proceso de centralización del capital contante.
Así sucedió con el primer banco nacional, el Banco de San Carlos, creado en época de Carlos III, esencialmente, para conceder préstamos a la corona. En 1820 los liberales crean un nuevo banco: el Banco de San Fernando, institución con capacidad para emitir billetes de banco que sólo sirven en Madrid. De este banco se servía el Estado para recaudar los impuestos y para controlar la tesorería del gobierno. Además, servirá para financiar la actividad industrial y el ferrocarril en proceso de construcción. Pero claro, hablamos de los que eran liberales de nombre y hecho, no de los actuales que practican la creencia en la privatización de las ganancias y la socialización de las mismas. Intervenir sólo cuando el sector privado obtiene pérdidas.
Desde la ruina de las Cajas de Ahorro hasta el rescate bancario todo se ha invertido. El Gobierno de Mariano Rajoy prometió reiteradamente en 2012 que el rescate del sistema financiero no costaría ni un euro a los contribuyentes españoles. Hoy, todavía no se ha desdicho de ello, a pesar de que incluso el Banco de España sostiene lo contrario.
El ministro Luis de Guindos, situado ya en la lanzadera de la vicepresidencia del Banco de España por obra y gracia del Gobierno, y que entraba en 2011 en el mismo con la credencial traída de haber sido uno de los ejecutivos del quebrado Lethman Brothers en 2008, sostuvo en 2012 que se solicitaba “una línea de crédito” de 100.000 millones, que nunca se ha llegado a agotar. El Gobierno nunca admitió que aquello fuera un rescate, y mucho menos una intervención comparable a las que sufrieron Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre. Pero lo cierto es que no fue una ayuda incondicional, sino que llevaba aparejada fuertes exigencias en materia de reducción del déficit público y una redoblada supervisión externa de la economía española. Nadie conoce mejor que los propios españoles la envergadura de los recortes aplicados en los pasados años, que arrojan dos datos especialmente dramáticos.
En los años más duros de la crisis, las administraciones públicas redujeron sus presupuestos educativos en casi 9.000 millones y los de sanidad, en otros 12.000. Protección por desempleo y pensiones también fueron objeto de importantes ajustes. De los 76.410 millones de euros destinados al saneamiento financiero, sólo se han recuperado 4.139 millones.
Y en el pasado ejercicio de 2016 la banca privada sostuvo que sus beneficios, habían vuelto a ser del 50%. Dicho esto sin devolver un euro y sin empacho. Algo pasa cuando el Partido Socialista propone que para reestructurar la deuda y ampliar el gasto social se deben implementar nuevos impuestos a la banca y los medios de comunicación silencian, ningunean o desestiman esta medida. Pase lo que pase la banca siempre gana. Y De Guindos.