Maíllo durante su intervención este sábado en Zamora
En el año 2015 el Parlamento español aprobó la Ley de Control Financiero de los partidos políticos, prohibiendo, desde entonces, las donaciones de empresas, limitando las de personas físicas e incorporando al Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos, inexistente hasta entonces.
Este extremo es sobradamente conocido por Fernando Martinez-Maillo, El vicesecretario general ‘popular’, quien, a pesar de ello, no ha dudado, al comentar el fallo de la Audiencia Nacional sobre la causa que ha juzgado la trama Gürtel, en su primera época (1999 a 2005), utilizar la justificación de que el Partido Popular no ha sido condenado penalmente, sino únicamente a título lucrativo, ocultando que la condena penal no podría haberse dado en ningún caso, pues en la época juzgada no existía ese delito; acreditando un subjetivismo, más que enternecedor, patético.
La realidad es que la extensa, y detallada, sentencia 20/2018 de la sala de ‘lo penal’ de la Audiencia Nacional, a través de sus 1.687 páginas, ha dado por acreditada la existencia de una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde 1989, año, por cierto, de la refundación del PP, desde su estructura anterior de la Alianza Popular creada por Manuel Fraga en 1976.
Con dicha sentencia el PP es el segundo partido en España con una condena por corrupción, tras el caso de Convergencia i Unió, antecedente del PDeCAT y de JxCat, en el caso Palau.
La acreditación de la contabilidad B en el Partido Popular en la sentencia judicial no es cuestionada ni siquiera en el voto particular del magistrado Ángel Hurtado, quien asevera: “He admitido, como dicen mis compañeros, la existencia de esa contabilidad extracontable de la que habló Luis Bárcenas, incluso, a los efectos de lo que aquí interesa, no voy a cuestionar, como también mantienen, la procedencia ilícita de los fondos con que se pudo nutrir…”.
El partido político que ha quedado marcado en esta sentencia judicial es el que soporta al Gobierno en la actualidad, y Mariano Rajoy, su presidente lo es en ambos registros, además de responsable de la campaña sobre la que la sentencia acredita el desvió de fondos para gastos electorales, se habla de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, pero la implicación del tesorero nombrado como cargo de confianza por el Sr. Rajoy, acredita, vía sentido común, que la misma forma de proceder en esos dos municipios pudo ser la misma que en el resto de los ocho mil municipios en los que se planteó la contienda electoral en esa ocasión.
Luis Bárcenas, condenado a treinta y tres años de cárcel por su implicación en los hechos juzgados en esta sentencia, acumuló más de cuarenta millones en cuentas en el extranjero a su nombre, pero parece lógico pensar que su forma de trabajar, y el reparto de fondos realizados hasta el estallido de este caso, era de conformidad para los responsables de la formación popular, fuera para su propio uso, para gastos electorales o para presuntos ingresos en “B” de los principales líderes del PP, más allá del testimonio aportado por muchos de ellos, incluido el Sr. Rajoy, como testigos en el juicio, sin llegar a convencer al tribunal.
Si Ciudadanos forzó la dimisión de Cristina Cifuentes tras el caso de su sospechoso “Máster” y el video de un hurto de dos botes de cremas faciales valoradas en 40 euros, ¿qué debería hacer con el apoyo parlamentario que presta a un presidente de Gobierno cuyo partido político, con él al frente,ha sido sentenciado judicialmente como beneficiario de corrupción, a través de un tesorero, por él nombrado, condenado a treinta y tres años de cárcel?.
La Audiencia Nacional ha acreditado, diez años después, la corrupción institucional del PP …y aún quedan por juzgar los hechos posteriores a 2005 dentro de la trama ‘Gürtel’. Vivimos, a pesar de todo, en un sistema democrático, con garantías penales, incluso para quienes infringen la Ley.
Hoy la oposición política, de un extremo a otro, debería ser capaz de buscar una solución que permitiese pasar página del Partido Popular en el Gobierno, olvidando el cortoplacismo y sus propios objetivos electorales; prueba de ello es la reacción del PP tras conocerse la sentencia, sin aceptarla, negando los hechos, siendo torticera con su interpretación, trasvistiéndose en escapista, priorizando únicamente el hecho de ganar, para su presidente, unos pocos meses de aferrarse al poder; sencillamente lamentable.
La realidad es la que es y esta sentencia sobre la primera época de la trama ‘Gürtel’ (1999/2005), marca al Partido Popular y señala a Mariano Rajoy.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” (Montesquieu).