Desde que tengo uso de razón, mis padres, mi familia y la sociedad en su conjunto se han esforzado para que yo y muchos miles de jóvenes españoles tuviéramos acceso a una educación de calidad, haciendo posible que la considerada ‘generación mejor formada’ viniera al mundo.
En los últimos meses, sin embargo, la ‘generación mejor formada’ ha sufrido una profunda decepción al constatar la actuación irresponsable de algunos de nuestros representantes públicos. Esta ha ido devaluando las enseñanzas impartidas en universidades públicas a causa de los chanchullos que han llevado al otorgamiento de títulos oficiales de máster a políticos. Políticos que no cumplían los requisitos exigidos para ello. Estos chanchullos se han basado en aplicar la ‘ley del mínimo esfuerzo’ a los políticos beneficiados, a los que se han otorgado una serie de privilegios, contrarios a la equidad y a las normas, que no están al alcance del resto de los mortales.
Todo empezó con Cifuentes, que ostentaba un máster plagado irregularidades y a la que la presión de Ciudadanos obligó a dimitir. Inmediatamente después Casado se vio salpicado por irregularidades parecidas y optó por atrincherarse en el sillón. Ahora ha sido la ex ministra Montón, por motivos de la misma naturaleza. Y, como colofón, tenemos la tesis doctoral del presidente Sánchez que ha sido puesta en cuestión durante los últimos días.
Las explicaciones oficiales han sido muy similares en todos los casos. Tanto el PP como el PSOE han defendido a sus cargos públicos presuntamente ‘masterizados’ irregularmente con uñas y dientes. En consecuencia, ninguno de ellos ha propuesto medidas para que estos espectáculos bochornosos no se vuelvan a repetir. ¿Qué legitimidad tienen, entonces, el PSOE y el PP para proponer reformas educativas? ¿Por qué ambos partidos apuestan por continuar con la falta de transparencia en las instituciones universitarias? ¿No es la falta de transparencia la que genera estas situaciones?
Ciudadanos ha presentado una ley de transparencia universitaria cuya aplicación puede evitar que este tipo de corruptelas continúen produciéndose. Pero esta proposición ha sido vetada al unísono por PSOE y PP apoyándose en argumentos irreales e incompresibles. Otra vez, la santa alianza bipartidista moviliza todos sus recursos para blindar a sus cargos públicos ‘masterizados’ frente a cualquier tipo de investigación. En la misma línea, Ciudadanos ha propuesto también la creación de una comisión de investigación para aclarar lo que está sucediendo en la Universidad Rey Juan Carlos I. La actitud de PP y PSOE, oponiéndose a la transparencia en estas instituciones públicas y despreciando la meritocracia y el esfuerzo, se traduce en un apoyo los anti-valores que están cimentado con su veto: oscurantismo, trilerismo y la ley del mínimo esfuerzo.
En manos de los dos grandes partidos, PSOE y PP, está seguir sosteniendo el oscurantismo en la universidad pública o apostar por la transparencia que fortalecerá nuestro sistema educativo público. Porque los valores que me han inculcado mis padres y el esfuerzo que han hecho, tanto ellos como el conjunto de la sociedad, no deben caer en saco roto.