¿Cuantos políticos hay en España? Para la respuesta a la pregunta anterior no hay datos concretos, ni estadísticas oficiales, sino únicamente aproximaciones. En una de ellas el economista César Molinas y la abogada del Estado Elisa de la Nuez, publicaron un artículo en el que estimaban que la cifra real podría estar entorno a 300.000 personas, entre la administración central y las administraciones autonómicas y municipales, sin asignar dicha cifra como dato exacto, su cantidad adquiere verdadera perspectiva si la comparamos con los datos de afiliación de los partidos políticos, o más exactamente con el número de militantes que han participado en las últimas consultas realizadas por sus formaciones.
En las primarias del PP participaron, como inscritos en ellas, 66.384 afiliados y en el PSOE fueron 147.162 quienes votaron a algunos de sus tres últimos candidatos a la secretaria general; mientras en Podemos, cuyos inscritos no están obligados a pagar cuota alguna por ello, fueron 188.176 quienes fueron activos en la última gran consulta realizada entre sus bases, la relativa al chalet de su líderes. El cuarto gran partido político nacional, Ciudadanos, acreditó una participación de 20.078 en las últimas primarias internas para respaldar el liderato de Albert Rivera.
Frente al cálculo de que en España hay 300.000 políticos en ejercicio, las bases orgánicas de las cuatro formaciones políticas con mayor apoyo social, suman 421.800 militantes, es decir solo hay un exceso del 30%, aproximadamente, de esos afiliados activos en relación a los políticos por designar en todo el país.
Esas cifras comparadas explican bien lo que sucede cuando hay un cambio de color en el gobierno, sea cual sea la administración, con llegadas de nuevos ministros/as, consejeros/as, concejales/as, cargos de confianza, asesores, vocales en consejos de administración de empresas públicas, entes de todo tipo, etc.
Lo enfermizo del sistema es que esos nombramientos no busquen la excelencia de quien pueda desempeñar esos puestos, ni la meritocracia de los posibles candidatos, sino exclusivamente que sean propios, cercanos y marcados de la cercanía del líder o del aparato del partido político de turno.
Los partidos políticos parecen comportarse más como agencias de colocación que como reductos de discusión y debate social, y eso es lo que mejor expresa la crisis del sistema de representación que vivimos. Donde élites endogámicas, controlan las formaciones políticas de espaldas a las verdaderas necesidades de la ciudadania, con el foco puesto siempre en el corto plazo, en una apariencia de cambio, como coartada de la estrategia de permanencia, siguiendo el principio del “gatopardismo” expresado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, lo cual incluye la renovación de los liderazgos, previo casting controlado.
El tema de los masters de Pablo Casado, Carmen Montón o Cristina Cifuentes, los detalles de la tesis “cum laude” de Pedro Sánchez con un tribunal con profesores de su misma generación o el curriculum vitae de Albert Rivera que aparece y desparece, son síntomas de esa crisis, donde esa oligarquía maneja un poder omnímodo y utiliza las universidades para dar brillo a quienes, por anticipado, eligió para perpetuarse.
El político que aspirase a un cargo público para cambiar la sociedad, mejorándola, debería ser un profesional con una vida propia más allá de la política, que hubiera acreditado su capacidad en el mundo laboral y tuviera un prestigio por sí mismo, con un paso por la actividad pública temporal y siempre limitado, como máximo a dos mandatos o dos legislaturas, evitando que la gestión de los distintos gobiernos y responsabilidades, quede ocupado por personas cuya única actividad, desde su juventud, haya estado vinculada a su partido político, donde la enseñanza principal es auparse por encima de sus contendientes a cualquier cargo, “apuñalando” rivales y acumulando experiencias de como ganar congresos orgánicos, mientras trepan por el organigrama, enluciendo curriculum según las expectativas del momento y eligiendo bien la carta de que vínculo fomentar para conseguir hueco en las listas electorales en un puesto que garantice poltrona.
¿Alguien puede decir de alguno de los últimos presidentes del Gobierno de España, de Adolfo Suárez a Felipe Gonzalez, de Aznar a Zapatero, de Rajoy a Sánchez, incluyendo a Calvo Sotelo, que fueron los hombres más poderosos de España de su tiempo? Si su respuesta es no, ahí tienen la demostración de oligarquía que padecemos, son simples instrumentos de un poder superior y si el momento pide masters o cualquier otra cuestión, sus sucesores lo tendrán; mientras tanto no pierdan el tiempo ninguno de ustedes, ni de sus hijos, pensando que alguna vez pudieran tener un trato como el dispensado a Pablo Casado en su máster o Pedro Sánchez en su tesis. Faltaría más.