Un largo periodo de poder condiciona la realidad de cualquier persona que pueda disfrutarlo, subjetivizando la realidad, como si ese “status” siempre hubiera sido así y condicionando su perspectiva del presente y del futuro, pero no solo del protagonista de ello, sino también de sus familiares y círculos de influencia.
Para ello, como ejemplo, basta con revisar la situación de Juan Carlos de Borbón, cuando fue acogido por el dictador Francisco Franco, con el objetivo de nombrarle, como así fue, su sucesor a titulo de Rey.
La timidez inicial de Juan Carlos de Borbón y los escasos recursos con los que contó al inicio de su Casa Real, limitados a la disposición de 75.000 pesetas, de la época, para todo gasto, son una anécdota de puro ascetismo forzado, en comparación con los casi cuatrocientos empleados, y asesores, de los que disponía en el momento en que abdicó en su hijo.
Pero esa burbuja creada alrededor de quien desempeñó el rol de jefe del Estado, no se limitaba a él, sino que creció, e infló, para arropar a su ‘prole’, yernos incluidos, con lo que llegamos a Iñaki Urdangarín, cuyo único oficio conocido fue ser balonmanista profesional, antes de complicarse la vida innecesariamente, asesorado por terceros o no, y terminar condenado a pena de prisión durante cinco años y diez meses, al considerarle el tribunal que le juzgó culpable de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude y tráfico de influencias.
Jordi Pujol i Solei presidió la ‘Generalitat’ durante veintitrés años y, tanto él como su prole, llegaron a confundir Cataluña con su propia familia, de tal modo que cuando fue sustituido por Pascual Maragall como consecuencia del legítimo Pacto del Tinell, entre el PSC, ERC y Esquerra Unida, observaron lo acontecido como una especie de usurpación a lo que ellos representaban, viéndose a sí mismos como una cierta “familia real” de Cataluña, especie de una versión catalana del “clan Keneddy”, que era desalojada de lo que consideraban “su reino”.
El ex-molt honorable se alejó de la vida política, pero su hijo Oriol, quiso continuar el legado, llegando ser diputado autonómico y secretario general de CDC, carrera política que se frustró al ser imputado por tráfico de influencias dentro del conocido como ‘caso de las ITV’s’, en relación al cual llegó a un pacto con la fiscalía, admitiendo ser responsable de los delitos de cohecho, falsedad documental, y tráfico de influencias, aceptando una condena de prisión de dos años y seis meses.
El poder del que disfrutaron los entornos tanto de Iñaki Urdangarín, como Oriol Pujol Ferrusola, propició que el primero consiguiera el segundo grado penitenciario solo dos meses después de ingresar en prisión y que el segundo, haya batido todos los récords consiguiendo que la autoridad autónoma catalana de la que depende la prisión de ‘Brians 2’ le haya concedido el tercer grado cuando han transcurrido, tan sólo, cincuenta y siete días de su condena de dos años y seis meses, todo ello cuando aún le resta por cumplir el 93,66% de la pena a la que fue condenado. Todo un alarde nada ejemplarizante.
La Ley General Penitenciaria vigente en España establece que el objetivo de las prisiones en nuestro país es la reinserción social y la reeducación, con su componente de escarmiento; y la pregunta a realizar, a la vista de los casos del Iñaki Urdangarín y de Oriol Pujol Ferrusola, es quién ha asumido que ambos extremos se han cumplido en estos casos y de manera tan rápida. ¿Existe la certeza de los responsables de instituciones penitenciarias de que ambos señores, caso de volver a estar en disposición de cometer las acciones que fueron calificadas como delitos que se sustanciaron en condenas penitencias, no volverían a realizarlas?
Parece evidente que los tratamientos dispensados, tanto a Urdangarín, como a Oriol Ferrusola, se salen bastante de la norma que se aplica a las 73.000 personas que forman parte de la población reclusa en España y que ello no es si no otra expresión de la desigualdad que se viene apoderando de nuestra sociedad en los últimos años.
El comentario de Jordi Pujol i Solei, en 1986, sobre la sentencia de Banca Catalana, en cuyo caso él estaba entre los implicados, afirmando que “el futuro ha pesado más que el pasado” parecía querer dejar entrever una permeabilidad de las esferas de poder en base a subjetivismos en función de quién sea en cada caso y esa es la expresión del máximo riesgo del pilar esencial del Estado, que es la Justicia, cuyas sentencias deberían cumplirse a fin de evitar la gangrena de la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Reinserción sí, y reeducación también, pero demostrada en un plazo razonable y aplicada a toda la población reclusa y no solo a la minoría de siempre, se trate del yerno del rey emérito, del cuñado del actual jefe del Estado o del hijo de Jordi Pujol, al que muchos les cuesta ver como lo que es… un simple evasor fiscal que supo sacar ventaja de su posición social.