Hace medio año, a unos cien mil españoles se les otorgó un privilegio hasta ahora insólito: el derecho al doble voto en comicios y referendos; prerrogativa exclusiva para los ciudadanos que tengan un discapacitado intelectual a su cargo.
¿Cómo así? Por supuesto, eso no se plasmó legalmente como acabo de expresarlo, sino como un logro social: la concesión a esos discapacitados de un derecho de sufragio que hasta entonces no tenían; pero obviamente la única consecuencia práctica es la mencionada, pues en la mayoría de casos serán los tutores quienes decidan, más o menos directamente, qué papeleta introducen sus tutelados en la urna; así que, a efectos prácticos, es como poder votar dos veces.
Aunque en su día se debatió este tema, hay tres aspectos en los que -creo- se incidió poco pese a su decisiva influencia en la decisión política final.
Por una parte está el agravio comparativo: si se permite votar a los deficientes mentales, se está discriminando a todos los millones de adolescentes que tienen igual o mayor uso de razón y a quienes, en cambio, se les escamotea tal derecho. No olvidemos que dichos deficientes padecen, en su mayoría, significativo retraso mental, siendo su capacidad cognitiva, en el mejor caso, la de un preadolescente; de manera que cualquier chaval de doce años los supera en edad mental y en aptitud para votar, sea ésta cualquiera que decidamos. En efecto, es incuestionable que si a un colectivo de personas con aptitudes psíquicas significativamente por debajo del umbral mínimo se les permite votar, entonces debería permitírsele también a cualquiera que posea iguales o superiores aptitudes, ya que las mismas razones científicas que avalan un supuesto, avalan simultáneamente el otro. De modo que, por pura coherencia e igualdad, habría que reconocer el derecho al sufragio a los mayores de doce años, por lo menos; y no hacerlo así constituye, como digo, una injusticia y una insostenible contradicción.
Pero quizá más llamativo aún es el hecho de que los defensores del "voto doble" hayan opuesto, frente al poderoso razonamiento contrario, según el cual los discapacitados intelectuales tienen escaso o nulo criterio político y son excesivamente influenciables y manipulables por sus tutores, el débil argumento de que "cualquiera de nosotros está sujeto a manipulación". ¡Hombre! También cualquiera de nosotros puede tener un accidente al volante y no por eso se expide el carné a quien no supere las pruebas médicas. Cierto es que muchísimos ciudadanos con plenas facultades son fácilmente influenciables, pero ese argumento de la Manipulación Universal encierra una falacia evidente: mientras que unos, aun siendo influenciables, poseemos las armas cognitivas necesarias para defendernos de la manipulación si así lo queremos, los retrasados, en cambio, no.
Piense el lector en un deficiente mental y respóndase si cree que esa persona podría defenderse por sí misma frente a la inevitable -y necesariamente poderosa- influencia de sus tutores o educadores a la hora de las urnas. Otorgarles el derecho al voto ni palía su indefensión ni mejora en modo alguno la calidad de una democracia. Solo -repito- proporciona al tutor la posibilidad de votar dos veces.
También se adujo, en favor de este "privilegio al doble voto", que muchas personas -principalmente ancianos- apenas son capaces ya de discernir o razonar y, no obstante, conservan su derecho al sufragio si no los han incapacitado judicialmente; cierto; pero este argumento, tan falaz como el anterior, se desenmascara de igual modo con un ejemplo parecido: si una persona mayor ha perdido las aptitudes psicofísicas para conducir, lo propio sería retirarle el carné, pero no expedírselo a quienes tampoco reúnen tales aptitudes. Así, el que muchos abueletes seniles conserven y ejerzan -bajo influencia o manipulación de familiares- su derecho a votar es una anomalía democrática que en absoluto justifica hacerla extensiva a otros ciudadanos igualmente carentes de la necesaria capacidad mental.
Es comprensible y laudable, por supuesto, el esfuerzo de los poderes públicos en procurar que los retrasados tengan la mejor calidad de vida y participen al máximo de la actividad social, pero para eso existen muchas otras herramientas y medidas específicas. Los comicios no son, no se conciben como un juguete para poder mostrar en la tele la conmovedora sonrisa de un deficiente mental votando, ni muchísimo menos como forma de compensar -o, digamos, indemnizar- electoralmente a sus tutores. Al contrario: se trata de que quienes sí están capacitados decidan con la mayor responsabilidad posible -obviando, por tanto, a los objetivamente no aptos- qué rumbo ha de tomar nuestra sociedad para, entre otras cosas, proteger como mejor podamos precisamente a ésos que no están en condiciones de decidir ni defenderse por sí mismos, sean niños, discapacitados o abueletes seniles.