El 12 de febrero de este año, 2019, comenzó, en el Tribunal Supremo, el llamado juicio del Procés, en relación a todos los hechos sucedidos alrededor del 1-O de 2017 en Cataluña.
De entonces para acá e incluso desde que, a final de octubre de 2017, se iniciarán las actuaciones, por parte de la Fiscalía, contra Carles Puigdemont y sus trece consejeros, ampliada posteriormente a Carme Forcadell, como presidenta del Parlament y a cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia, todo fueron cábalas, inicialmente sobre si la valoración de lo sucedido se ajustaría a rebelión o sedición, con las importantes variantes asociadas a ello, en cuanto a sus posibles condenas.
Doscientos cuarenta y cuatro días después de iniciarse el juicio, el 14 de octubre de 2019, fue publicada la sentencia, la cual ha producido una gran oleada de protestas en Cataluña, teñida del vandalismo de unos pocos que, por acción u omisión, ha afectado una gran masa social, produciendo imágenes ya difundidas por todo el mundo.
El origen primigenio de las protestas parecía deberse al desacuerdo con las condenas reseñadas en la sentencia, que aún liberada del delito de rebelión, suponía privación de libertad en periodos de entre nueve y trece años de prisión, para los Jordi’s (Sánchez y Cuixart), Rull, Forn, Forcadell, Bassa, Romeva, Turull y Junqueras, con solo multa e inhabilitación para Vila, Mundó y Borrás. Pero en esas protestas no se explicaba, ni a través de ningún portavoz, ni de ninguna de las organizaciones que las alentaban, que tipo de condena sí entendían procedente en base a los delitos probados, aún considerando solo los menos relevantes, quizás como el de malversación, acreditado documentalmente. ¿Cuál seria la condena adecuada en ese caso?, ¿un año?, ¿tres meses?, ¿quince días?…¿acaso, diez minutos?.
La dualidad del presidente de la Generalitat actual, el Sr. Torra, en cuanto a mando superior de los Mossos d’Esquadra encargados del garantizar el orden público en Cataluña, mientras se constituía en instigador y participante de las protestas, roza lo esquizofrénico y no es baladí ante el efecto disgregador que la propia sentencia del ‘procés’ ha supuesto dentro del espectro independentista, alejando a ERC del PDeCAT y de todos los restos de lo que un día fue CDC, igual que a éstos de aquella, además de distanciar a la CUP de ambos.
El refranero español recoge una frase muy conocida y de amplio uso popular, que dice “arrimar el ascua a su sardina” cuyo significo tiene que ver con obtener beneficios propios de lo que normalmente debería ser beneficio común, similar a otros giros lingüísticos también empleados al respecto, como “barrer para casa”, pareciendo que lo único que está en el foco de los diferentes partidos cuando hablan u opinan en relación a esta importante sentencia, son sus propios objetivos (electoralistas) a corto.
En ese ámbito no hay diferencias, de un extremo a otro del arco político, todos utilizan la sentencia como parte de su arsenal electoral, ofreciendo un espectáculo nada edificante, que más que animar el voto a cualquiera de sus opciones, únicamente alienta la abstención sobre unas formaciones cuyos lideres demuestran estar únicamente preocupados por su propio estatus profesional y que cargo ‘pillar’, más que en atender las necesidades de la sociedad a la que dicen querer servir.
Desde el partido en el Gobierno (PSOE) se anuncia el cumplimiento integro de las penas, cuando saben que la aplicación del tercer grado penitenciario, facilitará la puesta en libertad de todos los políticos presos en un periodo, máximo, doce meses, entre enero de 2020 y 2021.
El nacionalismo, incluyendo a las formaciones vascas, no asume ninguna condena, sin aceptar no ya la sentencia o el juicio, sino la posibilidad misma de ser juzgados a pesar de haberse cometido delitos probados.
Desde las formaciones a la izquierda del partido en el Gobierno, ‘Podemos’ y ‘Más País’, se solicita el indulto, sin entender que algún marco normativo y legal, hay que respetar y que no se puede tener una Ley “ad hoc” para según que temas y sensibilidades, demostrando en el caso de la formación liderada por Pablo Iglesias, lo inestable que hubiera sido un Gobierno de coalición, con el PSOE, ante situaciones como la ahora acaecida, agendada hace mucho tiempo.
Mientras PP, Ciudadanos y Vox, en diferentes grados, solicitan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de la Autonomía de Cataluña y la aplicación de Ley de Seguridad Nacional, sin ningún matiz.
¿Lo dicen convencidos de que son las mejores medidas para Cataluña y para España?, la respuesta es no, pero lo hacen en función de los réditos de esas afirmaciones para sus expectativas electorales…¡sencillamente, lamentable!, porque simplemente se trata de eso, de “arrimar el ascua a su sardina”, mas exactamente de “arrimar la sentencia a sus intereses”.