Más allá de las medidas paliativas contra la pobreza energética

Las medidas de intervención social propuestas para combatir la pobreza energética por parte de los organismos públicos competentes se han centrado sobre todo en medidas de índole paliativa, como el bono social eléctrico (descuento sobre la factura). En los últimos años, las administraciones públicas se han volcado con medidas encaminadas a subsidiar o subvencionar la factura energética de unos concretos colectivos sociales cuya vulnerabilidad e incapacidad de pago, debidamente parametrizada, les hace beneficiarios de dicha bonificación.

El bono térmico es una ayuda -una única cantidad- que concede el Ministerio para la Transición Ecológica a los beneficiarios del bono social eléctrico, para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal. Los beneficiarios del bono social eléctrico reciben una única aportación en metálico según su nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los últimos datos disponibles sobre los bonos sociales eléctricos arrojan la cifra de 1.436.268 solicitudes completas recibidas, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social. En el año 2018, el coste del bono social eléctrico fue de unos 200 millones de euros según datos de la CNMC. Para el año 2019, han sido destinados a la financiación del bono social térmico 80 millones de euros.

Ahora bien, más allá de este esfuerzo administrativo, lo cierto es que la factura eléctrica se ha ido encareciendo para todos los ciudadanos en los últimos años. Los mecanismos de gestión del bono social, aunque han sido mejorados en la última reforma, siguen dependiendo de una burocracia vinculada a la solicitud individual del bono social a las empresas comercializadoras. Ello hace que se siga dificultado de facto el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los clientes vulnerables, quienes deben gastar tiempo y recursos en su tramitación. La creación de un sistema de bonificación reconocido automáticamente por vía de una concesión directa al beneficiario e interoperable entre las administraciones públicas es el siguiente paso pendiente, a efectos de no condicionar la solicitud individual del derecho a la tramitación y plazos de las empresas comercializadoras, lo cual además supone actualmente una carga administrativa para el solicitante que se encuentra en situación de vulnerabilidad, máxime cuando se producen discrepancias o se obstaculiza la concesión del bono social.

La condición de entidad privada de la comercializadora de referencia conlleva la aportación de documentación inicial por parte del consumidor para acreditar que solicita el bono social para su vivienda habitual (certificado de empadronamiento) y que forma parte, si es el caso, de una unidad familiar (libro de familia o documento que certifique el estado civil del solicitante). Este aspecto burocrático se vería simplificado en el caso de que la solicitud fuese presentada ante una Administración Pública habilitada para la consulta de determinados registros y bases de datos obrantes en otras administraciones, previa suscripción de los correspondientes acuerdos y convenios entre las administraciones. Por otro lado, también sería aconsejable un endurecimiento del régimen sancionador de las infracciones relacionadas con las conductas de las comercializadora que supongan un entorpecimiento de la operativa prevista, sobre todo en lo relativo a la resolución de discrepancias.

El bono social eléctrico y ahora también el bono térmico constituyen sin duda un avance de política social pero no es la solución al problema de fondo que implica la pobreza energética en España. Su aplicación práctica trae consigo una cierta concepción reduccionista y limitada en la lucha contra este fenómeno, tanto en su alcance como en su efectividad. Las medidas paliativas contra la pobreza energética, encarnadas en el bono social eléctrico y térmico no pueden impedirnos ver la necesidad de promover otro tipo de soluciones de carácter más preventivo que paliativo, porque se supone que de lo que se trata es de que cada vez haya menos población dependiente de ayudas públicas para satisfacer su necesidad básica de un suministro tan vital como la energía. Repensemos el problema de la pobreza energética y vayamos más allá de las medidas puramente paliativas.