Un titular leído en prensa, hace algunas fechas, me dejó pensando durante varios días en lo que se sustanciaba tras él. Su enunciado era el siguiente: “El 40% de los españoles vive de las pensiones y el subsidio de paro”, las preguntas críticas surgen inmediatamente de forma natural: ¿tiene futuro un país bajo esa estructura económica?, ¿es sostenible a largo plazo?.
Las universidades de medio mundo están repletas de eruditos que argumentaran, seguramente con razón, que ello es imposible de mantenerse a largo plazo. Sin embargo lo que subyace bajo los “por qué” en los que sustentan las razones para que hayamos llegado hasta aquí son mucho más complejos que poner el foco en quienes componen los destinatarios de esos subsidios de desempleo y esas pensiones.
La España del desarrollo en el que se sustentó el crecimiento económico alrededor de los años 60’s del siglo XX estaba basada, entre otras cosas, en la protección del factor trabajo, entendiendo que ello era el único capital con el que una gran mayoría de asalariados contaba, sin patrimonio y viviendo de una forma ajustada. Su vínculo laboral era protegido por el Estado como la mayor esencia de la certeza que se precisaba para el crecimiento de una economía emergente y con auge, en la cual el acceso al automóvil, la vivienda en propiedad y el apartamento en la playa eran estadios que se completaban a lo largo de una vida como empleados por cuenta ajena, en la cual su compromiso, y fidelidad, era esencia.
Sin embargo el liberalismo que se fue abriendo paso en Europa, a partir de Margaret Thatcher, alentado desde las costas del otro lado del océano Atlántico, puso el objetivo de su diana en conseguir romper ese “status quo”, priorizando que si algo debía ser fijo era el beneficio empresarial, y que los trabajadores si no fueran unos, lo serían otros, siempre más baratos que los anteriores.
Consecuencia de todo aquello, en nuestra propia España, se sustanció la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en febrero de 2013, que rompió con la histórica protección al factor trabajo en nuestro país, cuyo origen databa de mitad de los años 50’s del siglo XX, siendo ministro del ramo, José Antonio Girón de Velasco.
Al fulgor de esa Reforma Laboral y, en especial, de la posibilidad permitida a cualquier empresa a plantear un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) simplemente por razones organizativas, al margen de presentar beneficios o no, se procedió a la expulsión de una generación de trabajadores por encima de los cincuenta años, a los que o bien se abocó a aceptar una salida, que en el mejor de casos era acompañada de la posibilidad de jubilarse a partir de los sesenta y un años (aún con rebajas en las prestaciones a las que tenían derecho), para sustituirlos por otros empleados más jóvenes y, sobre todo, mucho más baratos en términos de salario; mientras en los peores casos eran, sencillamente, despedidos con la sola prestación de los veinte días por año trabajo (despido procedente) o treinta y tres días (despido improcedente).
Pero lo torticero del proceso no acabó con esas rupturas de las carreras laborales de cientos de miles de españoles, justo cuando pensaban estar situados ante los años en que más necesaria era la certeza y estabilidad para sus vidas, sino que ahora son puestos como ejemplo de insolidaridad porque sus pequeñas prebendas tras, en muchos casos, más de cuarenta años de cotización a la Seguridad Social, pueden parecer poco homogéneas ante la devaluación salarial vivida en España al hilo de la “ínclita” y dolorosa Reforma Laboral, cuyo objetivo de víctimas parece infinito e insaciable.
Esa generación, a la que también se culpa de ser parte del “baby boom”, ‘babyboomers’ se les llama, ha sido, y lo sigue siendo, expulsada del mercado laboral por una única razón, ser sustituida por otra con menores salarios, al mismo tiempo que las empresas de las que han sido desvinculados son dirigidas por personas que les superan, mayoritariamente, en más de veinte años de edad, poniendo en evidencia que “una cosa es hablar de los demás, y otra de uno mismo”, o como bien dice el refrán castellano “ande yo caliente, ríase la gente”, poniendo énfasis en que “una cosa es predicar y otra dar trigo”.
Desde la eclosión de la crisis económica en España se considera que puede haber entre seiscientas mil, y un millón, de personas expulsadas del mercado laboral por razones de edad y de ahorro de costes, las cuales, en estos momentos, estarán incluidas dentro de la contabilidad de ese 40% de personas que vive en España de las pensiones o el subsidio de desempleo, la pregunta que se hace pertinente al respecto es si ellos son los únicos culpables de esa realidad o han sido abocados por otros a esa situación, para finalmente ser, como generación, dolientemente, engañados y convertidos en cabeza de turco.