De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, España es uno de los países europeos con la electricidad más cara, sólo por detrás de Bélgica e Irlanda. Si además se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, los datos reflejan una situación aún peor, pues España queda como el segundo país en el que los hogares más sufren para poder pagar su factura de electricidad, por detrás de República Checa. De hecho, España se muestra como el país europeo con la electricidad más cara en el supuesto de viviendas con consumos inferiores a 1000 kWh, penalizados por los elevados costes fijos de la factura eléctrica.
Si nos atenemos a los últimos años, observamos que entre 2017 y 2018 la factura eléctrica subió un 12% mientras que la renta de los hogares se ha ido reduciendo desde la irrupción de la crisis de 2008. Hace tan sólo cuatro años, el 10,1% de las familias reconocían su incapacidad para mantener la temperatura de su hogar en invierno. Por eso no puede extrañar que la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE, constatara hace apenas medio año que las familias españolas pagan por la misma electricidad el doble que hace doce años, pasando de 7.400 a 14.800 millones de euros desde 2006.
La formación de los precios finales y la extracción de los crecientes beneficios por parte del oligopolio eléctrico es una materia extraordinariamente compleja que implica examinar la conformación de los ingresos de la distribución, unos ingresos que dependen de una tasa de retribución financiera (6,5%) a la que se suma la amortización de los activos de la red. Dicha tasa se calcula con la suma de los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años más 200 puntos básicos (2%). En cuanto al precio final de la electricidad, el 55% de la factura son costes regulados y el 10% depende en gran medida del mercado gasista, cuya producción es cara y en la que España tiene una alta dependencia del exterior, sujeto a unas variables internacionales y exógenas que no se pueden controlar.
Ambos costes, el regulado y el del gas, han dependido mayormente de la política energética establecida por nuestros gobernantes, están suponiendo un encarecimiento determinante de la factura y se han trasladado directamente al consumidor final. De hecho, el grueso del beneficio de las empresas eléctricas está en la parte regulada del precio (el 55%), que es lo que permite a dicho oligopolio corporativo extraer un rendimiento seguro, con poco riesgo. Esto, a su vez, les permite atraer inversores internacionales y realizar operaciones lucrativas vinculadas a sus recursos e infraestructuras con fondos de inversión internacionales.
De hecho, según la CNMV, las tres grandes compañías, Endesa, Iberdrola y Naturgy (que copan el 80% del mercado español), sumaron 5.770 millones de ganancias netas en 2018, lo que supone un crecimiento 35 veces superior al aumento del consumo de electricidad. El 88% de este beneficio se distribuye vía dividendo a los accionistas de las empresas eléctricas.
Recordemos brevemente quién está detrás de algunas principales empresas del oligopolio eléctrico “español”: por ejemplo, Iberdrola está controlada principalmente por el gobierno de Qatar a través de Qatar Investment Authority, por Norges Bank (Noruega), Kutxabank y Black Rock (Estados Unidos); Viesgo es propiedad de dos fondos de inversión, Macquarie (Australia) y Wren House Infraestructure (Kuwait); Naturgy (Gas Natural) está controlada por Criteria Caixa, CVC Capital Partners (fondo de inversión de Reino Unido), GIP III Canary 1 S.À R.L (fondo de inversión de Estados Unidos) y Sonatrach (Argelia).
Al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricas para promover en vez del enriquecimiento de inversiones y potencias extranjeras, precios más justos y equitativos para la población.
El fenómeno del alto precio de la electricidad en España y la pobreza energética consiguiente, tiene un reverso que es el cuestionable enriquecimiento monetario de algunos actores del mercado gracias a una regulación del sector que ampara y cronifica esta situación de desigualdad y asimetría de poderes e información. La realización de una auditoría rigurosa e independiente del sector eléctrico español debería ser el punto de arranque de cualquier reforma.
Finalmente, otro punto de obligada referencia al tratar los problemas acuciantes del mercado eléctrico español es la de los abusos en la comercialización de la electricidad, que han sido sistemáticos, como lo atestigua la reiteración de resoluciones sancionadoras de la CNMC. Esta realidad hace aconsejable una reforma de la tipificación establecida en el artículo 66.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para que las prácticas de incumplimiento de los requisitos de contratación con clientes no se consideren infracciones leves sino graves y supongan una mayor multa.