En España, se asiste hoy a un grave ataque a la democracia; que afecta a la manipulación de los medios de comunicación públicos y televisiones privadas, al sometimiento del poder judicial a los partidos políticos, a la propuesta de ley en el Congreso para el establecimiento de la censura, a la utilización de disposiciones abusivas para la movilidad humana y a la limitación de las libertades básicas, entre ellas el derecho al conocimiento del español.
En España hoy no se garantiza "el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas", conforme dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Nunca desde la instauración de la democracia se había dado en nuestro país un derribo tan frontal de las bases sobre las que se asienta el Estado de derecho, nunca se habían incumplido tantas leyes de las que contempla nuestra Constitución, y nunca un presidente del Gobierno se había zafado al obligado control del Parlamento en el ejercicio de su cargo, ni se había prolongado, innecesariamente, el estado de alarma.
En cualquier país democrático hubiera sido impensable que un presidente del Gobierno siguiera en ejercicio después de descubrirse que su tesis doctoral había sido amañada. En ningún país democrático una ministra de Justicia, perteneciente al partido del gobierno hubiera pasado directamente a ser nombrada fiscal general del Estado. En ningún país democrático se habría montado un ejecutivo de familiares, ni la administración pública se hubiera llenado de contratos de amiguetes.
Tampoco es de recibo la existencia de una Justica que dilata sine die, en el Tribunal Constitucional las demandas, pues una Justica que no es rápida, no es Justicia. Ni que el ejecutivo, al cerrar el Congreso, suplante al legislativo a través de la emisión de decretos leyes. Ni se ejerce el cumplimiento de los dictámenes del Constitucional en las administraciones afectadas que se permiten no cumplirlos, sin que tenga consecuencias.
Y en lo referente a la pandemia, en ningún país democrático se prohíbe que pueda ser investigado, por organismos independientes, la gestión de una crisis sanitaria que ha ocasionado ya más de 60.000 fallecidos derivados, directa o indirectamente, de la fallida gestión de la misma; ni el presidente delega la gestión del coronavirus en 17 autonomías territoriales, hecho que es ilegal desde el punto de vista constitucional.
Esta situación nos obliga como ciudadanos a tomar una clara postura en defensa de la democracia pues se olvida que todo político, en un sistema democrático, debe dar cuentas a los ciudadanos, y si no es así, ya estamos en un régimen, cuando menos autoritario, sino totalitario.
Y la mala gestión no atañe sólo a los aspectos sanitarios, sino también afecta en gran manera a la economía, a la forma de ganarnos la vida, que se ve violentada al destruir todo tipo de empresas y nos pone en riesgo de pobreza y también afecta gravemente a nuestra forma de ser y de vivir, y a la forma de practicar nuestra religión o nuestras creencias y a la cultura como pan espiritual de cada día. Todas estas facetas del ser humano forman parte nuestra existencia. Y la subvención y el mínimo económico vital como respuesta olvidan que la dignidad humana es inviolable.
Entretanto, y debido a la desastrosa gestión económica la calle se caldea, y han aparecido las colas del hambre, y los sectores afectados, turismo, hostelería, autónomos, empresas (ya se acercan a las cien mil las que desaparecen) etc, reclaman ayudas para sobrevivir.
Tampoco el comportamiento de los partidos políticos está siendo ejemplar en estos momentos, dado que siguen predominando los enfrentamientos personalistas entre líderes, y entre partidos de la oposición, y tampoco en el partido en el poder, los socialdemócratas que quedan, salvo excepciones, han alzado su voz para denunciar estos hechos, ni se han agrupado para construir y urge promoverlo, con todos los demócratas, un frente común para salvar la democracia.
El reto que tenemos delante nos obligará a todos a cambiar drásticamente nuestras maneras de proceder. Afortunadamente la Unión Europea, dada nuestra incapacidad, ya vigila nuestra deriva autoritaria, y esperemos condicione la recepción de los fondos europeos al mantenimiento del Estado de derecho.
El éxito de la oposición en las elecciones municipales de Hungría vino dado gracias al esfuerzo de unidad que hicieron todos los partidos que se consideran democráticos y que presentaron una lista única y esta unidad se mantiene, pues sólo así se dispone de opciones para posibilitar el cambio.
En Hungría, al igual que España, el comportamiento abusivo del gobierno en la pandemia ha servido para desenmascarar su ineptitud, su incapacidad de gestión, su comportamiento antidemocrático y su autoritarismo, y se espera que esta caída de careta horade la fosa política que aguarda al Viktator.