Sin lugar a dudas, estamos asistiendo a un periodo crucial en el devenir del desarrollo socioeconómico a nivel mundial ya que a los dos aspectos más determinantes e influyentes que han intervenido en los últimos años, como son la globalización y el desarrollo de la economía digital, se ha sumado de forma inesperada la crisis sanitaria causada por los efectos de la pandemia de la Covid-19.
De alguna forma estos tres vectores, con independencia de la gran complejidad que alberga cada uno de ellos desde el punto de vista técnico y regulatorio, coinciden en una misma y difícil ecuación que los gobiernos nacionales da la impresión que están abordando con enfoques cada vez más intervencionistas para evitar la pérdida de control y poder, así como el impacto económico que de ello se puede derivar.
El gran empuje de la globalización que se ha producido en las últimas décadas se ha visto además afectado, entre otros, por la aparición de gigantes tecnológicos que han crecido exponencialmente apoyándose en una falta de regulación que les afectase directamente y en las redes de los operadores tradicionales de telecomunicación, lo que les ha permitido una gran fuerza de penetración y llegada a millones de usuarios y clientes.
Vemos como las grandes plataformas digitales de entretenimiento, interacciones sociales y comercio electrónico se constituyen de facto en cuasi monopolios agregando bajo su control una gran parte de la cadena de valor transaccional, ya que disponen de forma ágil, lucrativa y a bajo coste de amplia información de los clientes, del producto, canal, publicidad, medios de pago y logística de entrega.
En esta tesitura no es de extrañar que los estados nacionales estén intentando reaccionar para contrarrestar, entre otros, los efectos negativos, en términos de pérdida del control económico y fiscal derivados del auge de grandes compañías que llegan a alcanzar un poder cuasi estatal.
Por otro lado, las implicaciones de la globalización digital en temas cruciales como las barreras de acceso, ya sean geográficas o culturales, la libertad de información, confidencialidad, ciberseguridad, privacidad y seguridad, tanto a nivel individual como colectivo, están generando grandes inquietudes en la sociedad, empresas y entes gubernamentales.
El desarrollo digital combinado con la crisis sanitaria, además de impulsar el crecimiento del comercio y de los servicios online, ha propiciado la necesidad o conveniencia del trabajo en remoto favoreciendo movimientos de empresas y de población hacia lugares y países con atractivos socio-económicos, residenciales y fiscales
Asimismo, muy ligado al desarrollo digital nos encontramos con el reciente auge y uso de las criptomonedas cuya complicada regulación está suponiendo una preocupación, no solo para las entidades financieras sino también para los estados, por las repercusiones fiscales y de seguridad que pueden ocasionar.
Medidas en favor de un mayor control de las transacciones económicas fomentando la desaparición paulatina del papel moneda, la aplicación de nuevas tasas (Tobin, Google, plásticos, bebidas azucaradas, diésel, peajes, seguros, etc…) y la subida de impuestos forman parte sin duda de la nueva estrategia diseñada por los estados para compensar los efectos de merma de ingresos fiscales provocada por una economía cada vez más digital y colaborativa, y bajo la excusa, con razón o sin ella, de un desarrollo medioambiental más sostenible.
En estas circunstancias, se percibe una tendencia hacia un incremento en el nivel de intervencionismo estatal dentro de la economía de mercado con trazos que pueden llegar incluso a parecerse en algunos enfoques al modelo instaurado en China.
Una muestra de esta tendencia a nivel de la Unión Europea, que se está proyectando igualmente hacia los estados miembros, es el aumento del control monetario, el diseño y reparto de las ayudas para la recuperación como consecuencia de la pandemia, así como el plan centralizado de vacunación.
Estos aspectos reseñados, dada su vital importancia y repercusión política, deberían gestionarse de forma efectiva evitando un exceso de burocracia que penalice el desarrollo promovido por la iniciativa privada y, por supuesto, tratarse con extrema cautela para evitar tentaciones y usos con tintes partidistas e ideológicos que hipotequen, en gran medida y por muchos años, el futuro y la confianza mutua entre los miembros de la Unión Europea.
Confiemos que este incremento en el nivel intervencionista que estamos detectando, sin objetivos además muy claros en ciertos aspectos como es el caso de la regulación aplicable a las grandes tecnológicas, no repercuta negativamente coartando la libertad, poder adquisitivo y emprendimiento a niveles individuales y empresariales, auténticos motores, sin duda, para el desarrollo socio económico sostenible de los países.