En todas las épocas de la historia del mundo los problemas se han agolpado ante las sociedades y la gestión de sus líderes sociales, no digamos en periodos de conflictos bélicos, pero en esta nuestra contemporaneidad el gran dilema al que nos enfrentamos, raíz y origen de derivadas de otros, es la inmigración y el flujo de migrantes.
Oportuno y adecuado es recordar que España fue un país emigrante, hacia Europa a mitad del siglo XX, buscando oportunidades económicas y laborales que escaseaban en España, y unos años antes (tras la Guerra Civil) hacia Iberoamérica, con el exilio político y social como foco.
Hoy, y más allá de que los efectos de las crisis económicas encadenadas, entre 2008 (financiera) y 2020 (pandemia del coronavirus Covid-19), que hacen que nuevos españoles emigren en busca de oportunidades que impactan, especialmente, en determinados ámbitos (tecnológicos, sanitarios, etc.), nuestro país es receptor de inmigración de grandes cantidades de ciudadanos de terceros países que buscan un futuro mejor dentro de nuestras fronteras.
Bueno es tener memoria y ser solidario, pero, como en casi todo en la vida, hay que tener medida.
Imaginemos una vivienda de una familia tipo española, cuyo presupuesto, más allá de su día a día, tuviera que asumir la manutención de terceras personas, por la vía de la solidaridad. Es evidente que igual que habría hogares que no podrían permitírselo, también habría los que sí, pero incluso en ellos no sería sostenible hacerlo de manera ilimitada, quizás una persona sí, incluso dos, pero más podría hacer peligrar el propio equilibrio financiero de esa unidad familiar y terminar por no poder acoger a nadie.
El ejemplo anterior sirve de base para ilustrar que la solidaridad de cualquier país respecto la inmigración de quienes buscan un futuro mejor para sí y sus familias es un rasgo pertinente y necesario, pero que tiene que articularse en base a unas determinadas capacidades, necesidades y sinergias.
La afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros en España ha batido su récord histórico este verano, al alcanzar la cifra de 2.226.585 cotizantes de procedencia internacional, lo que es una buena noticia, pero en los próximos años ese montante debería incrementarse a razón de unos 300.000 más cada año, para cubrir el desfase que presenta nuestra actual pirámide generacional.
A principios del siglo XX, exactamente en el año 1900, la figura de la pirámide de población presentaba el clásico triángulo con una amplia base de niños y jóvenes que garantizaba el oportuno reemplazo de cotizantes y trabajadores.
Sin embargo, el perfil de esa pirámide, empezó a cambiar a mitad de los años 90 del siglo pasado, estrechándose su base, para presentar en este 2021 su mayor anchura en los perfiles de edad de 40 a 54 años, lo cual aún se agravará más en el horizonte del 2050, donde la mayor densidad de población estará en la franja de edad de 70 a 74 años.
La inmigración es el reto, problema y oportunidad a la vez. España necesita población para reequilibrar su pirámide generacional y con ello afianzar la viabilidad no solo del sistema público de pensiones, sino de la estructura de prestaciones sociales que nos caracterizan.
Óptimo sería poder ajustar la necesidad de mano de obra de calidad con el interés de personas por integrarse en España, documentada con contratos de trabajo de acuerdo a los sectores más demandados o necesitados, pero es obvio que la presión migratoria tiene un componente importante de necesidad, urgencia e, incluso, de ilegalidad que es necesario gestionar, desde luego con la debida solidaridad, pero también con el oportuno criterio sobre cupos y procedencias. En ese campo los convenios bilaterales con terceros países, acompañados de las necesarias ayudas económicas al desarrollo, se hacen más que necesarios.
Comprensible es el legitimo deseo de miles de personas, allende las fronteras, que buscan una vida mejor, pero la manipulación que de ellos hacen los dirigentes políticos de sus propios países para facilitar su huida hacia Estados denominados ricos o el negocio de los mafias que los convierten en su propia mercancía, también son elementos a tener en cuenta.
La burocracia y las decisiones políticas son otro hándicap contra el que luchar, para conseguir que el número de inmigrantes legales alcance el ritmo que se necesitan para conseguir nuevos 300.000 cotizantes por la vía de los trabajadores extranjeros, ya que la Oficina de Asilo y Refugio española acumula más de 100.000 expedientes sin resolver, todo ello al margen de los efectos de la reciente crisis en Afganistán.
Reto, problema y oportunidad, son las tres palabras que atraviesan el complejo escenario que dibuja la inmigración en nuestro mundo contemporáneo, donde la solidaridad y el humanismo son elementos fundamentales, pero también lo deben ser el sentido común y la medida. La pregunta sobre qué hacer es evidente, la respuesta no es tan obvia y ni siquiera será única.