Menos doctrina y más enseñanza

Hace casi una década, José Javier Orengo exponía en un acertado artículo la errónea identificación que se hace entre educación y enseñanza, y desarrollaba un viejo tema sobre el que nunca podremos incidir lo bastante: "Tengo para mí que enseñar -decía- es distinto de educar. Se enseña al que no sabe, pero se educa a cualquiera."



En efecto, y según los diccionarios, 'enseñar' es "instruir, hacer que alguien aprenda algo; comunicar sabiduría, experiencia, habilidad", y 'enseñanza' "el conjunto de medios, personal y actividades dedicados a tal fin"; mientras que 'educar' significa "preparar la inteligencia y el carácter de los niños para que vivan en sociedad; desarrollar las facultades morales de una persona; dirigir, encaminar, adoctrinar", y 'educación' la "crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes; proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona."



A la vista de estas definiciones, ambos conceptos resultan tan claros como distintos, por mucho que compartan algún terreno común. La enseñanza, cuya contrapartida es el aprendizaje, tiene por objeto el conocimiento, mientras que la educación se ocupa de hacer presonas. Se enseña para el saber, pero se educa para el ser. Y si es cierto que la frontera entre ambas puede a veces resultar tenue, no por ello vale confundirlas y, mucho menos, hacer pasar la una por la otra; que es lo que el Estado moderno pretende con objeto de invadir un ámbito que -entiendo yo- no le corresponde.

Su papel debería limitarse a cumplir con su obligación, que es la de instruir a quienes no saben, titulares por tanto del derecho a la enseñanza; mientras que la educación es derecho natural de los padres respecto a sus hijos y, salvo el caso excepcional de que sean incapaces de educarlos adecuadamente, los poderes públicos no deberían entrometerse en tal función.



Por desgracia, nuestra Constitución, merced a la pésima -aunque tal vez deliberada- redacción de su artículo 27, en el que ambos conceptos se mezclan y usan indistintamente, contribuyó de manera decisiva a consagrar la confusión y a consolidar un vicio heredado del régimen anterior, en lugar de haber disociado los dos conceptos para que pudiéramos dar a Roma lo que es de Roma y al César lo que es del César.

Bien es sabido que quien acepta el término acaba aceptando la idea; y no otro, por ejemplo, es el propósito que se esconde tras el deplorable "vocabulario inclusivo", esa pérfida herramienta de la ingeniería social; y por esa razón resulta avieso que los poderes públicos digan 'educación donde deberían decir instrucción o enseñanza, pues junto con el sustantivo usurpan también el significado, y se cuelan en nuestra mente por la puerta trasera hasta que poco a poco, con el hábito, al cabo la sociedad en su conjunto acepta el cambiazo; esto sin apenas advertir que, al erigirse en educador, el Estado abusa de su poder y se arroga el derecho mismo que tenía obligación de garantizarnos. Una vez interiorizamos que quien educa es él, ya hemos renunciado a lo que como padres nos pertenece, hasta tal punto que ahora resultaría muy difícil recuperarlo.



Además, esta usurpación es tanto más grave cuanto que dichos poderes públicos, que cada vez enseñan menos y educan más -y peor- a nuestros hijos, lo hacen casi indefectiblemente en una determinada dirección -a menudo opuesta a nuestros propios valores- con el nada honorable fin de imponer determinadas líneas de pensamiento a toda la población; líneas que por último acaban presentándose a la sociedad como las únicas aceptables: es decir, la doctrina del pensamiento único.

Por eso me parece importante que quienes somos conscientes de esta impostura estemos alerta para usar en cada momento el término justo y advirtamos a los demás que cada vez que escuchen o lean locuciones como "educación pública", "Consejería de Educación", "planes educativos", "Ley de Educación", etc. están desposeyéndolos de lo que es suyo sin que tengan la menor conciencia de ello.