Las acepciones de la RAE para estupor son “asombro” y “pasmo”. Y así me encuentro, asombrado y pasmado cada día al levantarme y repasar con un poco de atención la prensa diaria, en la que con mucha frecuencia encuentro noticias sorprendentes y difíciles de comprender. Difícil también asimilar el alcance mediático y político de lo que leo, que creo producen el mismo estupor e inquietud en la ciudadanía.
Encontré en primera plana de un periódico digital la siguiente noticia textual: El Gobierno y ERC presionan a los jueces que revisarán los indultos: “Decide el Ejecutivo.”
Por mi parte entiendo que la interpretación del titular de la noticia viene a decirnos que en los indultos los jueces del Tribunal Supremo no tienen nada que decir, ya que es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, es decir, el Gobierno, al cual no le pueden revisar ningún Juez de ningún tribunal.
En el texto de la noticia se aclara que se trata de los Jueces del Tribunal Supremo que van a revisar el indulto concedido a los condenados por el procés, es decir, a doce personas acusadas y condenadas en un juicio justo por Sedición (5), Sedición y Malversación (4) y Desobediencia (3), de las cuales solo 9 entraron en prisión.
La reacción de los partidos políticos a la sentencia fue la siguiente:
PSOE. Pedro Sánchez dijo: "Alejo la posibilidad de conceder indultos a los condenados y garantizo el absoluto cumplimiento de la decisión judicial".
PP. Pablo Casado dijo: "Quien la hace la paga".
Podemos. Pablo Iglesias dijo: "Con el fallo no se pone fin al conflicto en Cataluña".
Ciudadanos. Albert Rivera dijo: "Se ha hecho justicia".
Posteriormente al juicio, y a la vista de los indultos concedidos por el Gobierno, PP, Vox y Ciudadanos presentaron ante el Tribunal Supremo un recurso para su anulación, que fue desestimado. Pero después cambió la composición de los jueces, es decir, se fueron unos e ingresaron otros, oportunidad esta que aprovecharon los mismos partidos del primer recurso para presentar otro, el cual sí fue admitido a trámite y seguirá su proceso habitual para que el Tribunal Supremo, previas las consideraciones que estime conveniente, declare mediante el correspondiente fallo o sentencia que los indultos se ajustan a la legalidad o no, y además son o no, inconstitucionales.
Además, en algún sitio he leído que para la concesión del indulto son necesarias, entre otras, dos condiciones, el arrepentimiento y la declaración de no volver a cometer el mismo delito en el futuro. En este caso, los indultados no han mostrado arrepentimiento y además, no cesan de repetir públicamente que lo volverán a hacer.
Por otro lado, varios miembros del Gobierno ya han salido en todos los medios públicos y privados con grandes declaraciones asegurando que los indultos en cuestión son perfectamente legales en todos sus aspectos, lo cual puede mediatizar y coaccionar indirectamente a los Jueces del Tribunal Supremo para emitir su fallo en esta cuestión. Al hilo de esto, se me ocurre preguntar:
1. ¿El Poder Ejecutivo en España tiene inviolabilidad para que nadie, incluido el Tribunal Supremo, pueda controlar y juzgar sus decisiones?
2. Si el Tribunal Supremo (Poder Judicial) no tiene competencia para emitir un fallo en esta cuestión, ¿debería recurrirse de nuevo al Tribunal Constitucional para que decida si el Gobierno (Poder Ejecutivo) ha actuado dentro de la legalidad en este asunto? No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional ya dio en su momento su aval al fallo del Tribunal Supremo.
3. Por mi parte desconozco los entresijos jurídicos para dirimir esta situación, pero de lo que no me cabe la menor duda es que tiene que haber alguien que controle también al Poder Ejecutivo. ¿El Congreso de los Diputados? En caso contrario estamos ante una situación de caciquismo dictatorial que no debemos permitir. No debemos olvidar que este contexto, así como otros, que se producen a diario, son el resultado de la utilización de la actual Ley Electoral que padecemos, la cual debería de haberse modificado hace mucho tiempo para dotarla de transparencia e igualdad para todos los españoles y para actualizarla a los tiempos actuales.
Pero ¿quién se atreve a esta modificación y actualización necesarias, si los que tendrían que llevarla a cabo son los Partidos Políticos, principales beneficiarios de la situación actual? Se da la circunstancia de que algunos partidos políticos llevaban en el pasado este asunto en sus programas electorales, pero ninguno, como siempre, ha cumplido su promesa.
Un periódico digital ha conseguido que el Consejo de Transparencia obligue al Gobierno a entregar el expediente de los indultos y por ese expediente hemos conocido la documentación que el Gobierno ha manejado. Así hemos sabido que el presidente basó su decisión política en los siguientes documentos:
- Barómetros del CIS catalán, organismo este, dirigido y controlado por la Generalitat catalana,
- Opiniones de los sindicatos CCOO y UGT, los cuales están posicionados claramente para ayudar al Gobierno en todo lo que necesite,
- Artículos del periódico El País que se ha mostrado continuamente a favor de la medida de gracia,
- Artículos del diario ARA, el cual está posicionado con total rotundidad dentro del separatismo y
- La opinión favorable a los indultos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la cual no ha sido reconocida por el Vaticano.
Tampoco debemos olvidar que Pedro Sánchez ha tenido oculta esta documentación durante más de un año, hasta que se ha visto obligado a entregarla, y en el contenido de la misma entendemos con claridad la inconsistencia de las razones esgrimidas por el Gobierno para la concesión de estos indultos, que además tuvieron un enérgico rechazo de la fiscalía del Tribunal Supremo, así como el aval del Tribunal Constitucional a las condenas.
Quiero incidir en la realidad flagrante de que los condenados no han mostrado arrepentimiento por los delitos cometidos, ni han manifestado que no repetirán la intentona de ruptura ilegal con España. Todo lo contrario, han declarado que el juicio les ha dado mayor fuerza moral para seguir adelante con sus pretensiones de crear una nación catalana fuera del conjunto del Reino de España. Al hilo de esto, solamente dos ejemplos:
- En Julio 2021, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, acudió a un acto público en Francia acompañando a Puigdemont en el que dijo lo siguiente: "Que nadie tenga ninguna duda, lo volveremos a hacer, lo haremos juntos y lo haremos mejor. ¡Vivan los Países Catalanes!"
- En otro acto público celebrado en Hospitalet el 13 de marzo de este mismo año, Junqueras dijo que su indulto no se firmó por razones legales, sino por interés político del presidente del Gobierno.
Por parte del Gobierno ya estamos leyendo, en la prensa afín, manifestaciones de diferentes miembros del Gobierno diciendo que "no creemos que el Tribunal Supremo anule los indultos", como dando a entender que el Gobierno controla el Tribunal Supremo o que por razones desconocidas los jueces de este alto tribunal no se atreverán a anular los indultos.
Propongo un interesante ejercicio de Política-ficción. Que cada uno de nosotros imagine lo que pasaría en España si los jueces del Tribunal Supremo anulasen los indultos y se obligase a los reos a volver a prisión. Seria curioso y revelador conocer la imaginación de los ciudadanos ante tal planteamiento.
Por último, quiero manifestar mi absoluto hastío y cansancio por seguir hablando hasta la náusea de la pretensión del gobierno catalán de convertirse en una nación independiente, porque creo que los catalanes y principalmente sus dirigentes no conocen en profundidad las implicaciones y responsabilidades que implicaría el cambio que pretenden.
No lo saben bien, (¿o sí?), pero siguen amenazándonos para seguir obteniendo las prebendas que el Reino de España les está dando a través de casi todos los Gobiernos desde 1978, pero que el PSOE del Sr. Sánchez ha aumentado de forma exponencial hasta limites increíbles.
A veces, en mi propio desvarío, llego a pensar si no sería mejor y más barato para todos nosotros que se independizaran y nos dejaran en paz, aunque después razono que eso es una utopía con la Constitución que nos dimos todos los españoles en 1978.