La contundencia de nuestra Constitución ante los embates del separatismo

"Quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría".  Nicolás Maquiavelo dixit.

¿Sucede esto en el actual PSOE? Creo que sí, pues los sucesos actuales parecen demostrar que los militantes no hacen más que aceptar, sin remilgos, lo que se les impone. No hay peor ciego que el que no quiera ve", y los pocos que se dan cuenta de lo que es, "no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría". Esto es exactamente lo que le pasa a un partido que está fagocitado por la ambición de quien lo preside.

No logro entender cómo en un partido que fue impulsor de la consolidación de nuestra democracia y de la integración de España en la UE impere una obediencia cerril por parte de sus militantes en sus propios dirigentes, sin que se den cuenta de que el actual predominio del PSOE no se debe a su propia fortaleza, sino al apoyo que recibe de aquellas fuerzas que son contrarias a nuestra soberanía. A veces pienso que las siglas del citado partido ya no se corresponden con las de PSOE, sino con las de PS (Pedro Sánchez).  

La situación por la que pasa en la actualidad el PSOE es preocupante, por el excesivo personalismo de su líder, basado en la virtud de su resiliencia, capaz de superar cualquier tipo de adversidad. Pero, sin embargo, cuando pretende trasponerla desde la gobernabilidad del partido a la de la nación, deja de ser virtud para transformarse en vicio, pues pone en riesgo nuestro orden constitucional al tener que pactar para mantener su poder, precisamente, con los que no comulgan con el citado ordenamiento. 

Entre las cláusulas contempladas en el pacto, la que me resulta más desproporcionada, por no decir surrealista, es aquella por la cual Junts, por un lado, propone la celebración de un referéndum, acogiéndose a una absurda interpretación del art. 92 de la Constitución (una consulta referendaria no puede tener un alcance territorial tan limitado), y, por otro, el PSOE propone un amplio desarrollo del Estatut de 2006. Todo ello, bajo el auspicio de un relator, mediador, árbitro, o como se quiera llamar, que deberá acercar ambas posturas.   

Podríamos preguntarnos cómo se puede cohonestar la celebración de un "referéndum de autodeterminación" con un "amplio desarrollo del EA de Cataluña de 2006". Es como si pretendiéramos diluir el agua con el aceite, a no ser que el citado interlocutor sea un prestidigitador que logre desfigurar la diferente densidad de los líquidos. 

Es tan irracional el método ideado para canalizar los acuerdos del PSOE con los separatistas que me recuerda una película de Luis García Berlanga, concretamente, El Verdugo.

Me imagino la comparecencia del mediador, que parece ser, se trata de un abogado salvadoreño, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, especializado en resolver conflictos, en un lugar quién sabe dónde, para mediar entre ambas posturas, la oficialista y la separatista. O dicho en términos tragicómicos, para determinar el tipo de garrote vil que pudiera aplicarse a la Constitución, para que ésta sufra menos. Es evidente que la situación resulta surrealista o, más bien, esperpéntica.

Afortunadamente, nuestra Constitución goza de la fortaleza que le confiere sus 45 años de existencia, que hemos celebrado recientemente, y tiene resortes suficientes para impedir estas majaderías. Por ello, debemos dar las gracias a los padres de la misma, representados por dos de sus ponentes supervivientes (Roca i Junyent y Rodríguez de Miñón), a los cuales se les debe agradecer la existencia de una Carta Magna fruto del consenso de las diferentes fuerzas políticas (que es lo que falta hoy día), y que fue ratificada por la población española en el referéndum de 1978, con un 87,78% de los votos.

En el discurso de conmemoración del aniversario de nuestra Constitución, la Presidenta del Congreso evocó unas palabras del señor Roca: "Lo más importante es la voluntad política de cumplir con lo establecido". In claris non fit interpretatio, es decir, lo claro no necesita interpretación alguna. Si bien, ello no impide su reforma, o incluso su revisión, pero a través de los cauces legales previstos en el Título X de nuestra Carta Magna, y no en un lugar del que no quiero acordarme y con unos invitados que no me representan.