Parece que nos adentramos en una crisis política e institucional producto de un largo proceso de las últimas décadas en las que, o se incumple flagrantemente la Constitución no ejecutando importantes sentencias, como aquellas de la enseñanza del español en determinadas Comunidades Autónomas, o se utiliza al propio Tribunal Constitucional para legitimar determinadas sentencias que benefician a determinados partidos o personalidades, como en el caso de los ERE andaluces y otras, como la Ley de Amnistía de los condenados en el procés catalán.
Todos estos lodos tienen su origen en la famosa "muerte de Montesquieu" proclamada, al parecer, por Alfonso Guerra al introducir Felipe González, por ley, el reparto por cuotas de partido del Consejo del Poder Judicial que debía controlar a los jueces. Dicha ley no ha sido cambiada por los sucesivos gobiernos tanto socialistas como populares, y no parece que vaya a serlo en un futuro inmediato.
Por ello, los frenos jurídicos para una alteración profunda de la Constitución por la vía de los hechos cada vez son más débiles y ya se empieza a apuntar la acusación de que nos deslizamos hacía una crisis incluso del régimen monárquico tal como lo conocemos. Pues a través de sentencias del Tribunal Constitucional se podría llegar a legitimar una organización federal o confederal del Estado español. Era ya la intención de Zapatero y es hoy la intención explícita, por recientes declaraciones del propio presidente del Gobierno Sánchez, de caminar hacia un Estado federal que sustituya al Estado de las Autonomías actualmente vigente.
Por eso decimos que, si esto se lleva a cabo, vamos hacía la I República y no hacia la II República, aunque haya la semejanza de la constitución de un nuevo Frente Popular. Pues pesa más la diferencia con ella. Ya que dicho Frente Popular, dirigido entonces por socialista radicales, como Largo Caballero, llamado el "Lenin español", y por comunistas, perseguía la revolución socialista y la lucha de clases más que el problema de las nacionalidades.
Derrotado aquel ideal revolucionario con la caída del Muro de Berlín, e industrializada España, la lucha de clases ya no tiene aquel sentido que arrastraba a masas de trabajadores. La creación del mercado pletórico y las abundantes ayudas y sociales en una sociedad consumista han acabado con las desprestigiadas esperanzas revolucionarias. Podrán estallar motines ocasionales y muy localizados contra determinados abusos, pero no revoluciones como las de aquella II República. Ortega decía que un "motín" es una mera lucha contra los abusos, mientras que una "revolución" es una lucha por un cambio de usos políticos.
Hoy ya no estamos ante una revolución de las masas proletarias, pues están integradas ya en el sistema. Como se dice popularmente, "todo está en crisis, pero todo está lleno". Sin embargo, lo que se pretende cambiar hoy, con un cambio de usos y no de meros abusos sin más, es la propia organización del Estado para liberar, no ya a una clase social oprimida, sino a unas minorías étnicas que se consideran secularmente oprimidas por la nación política española.
Esto es entonces muy parecido a lo que ocurrió en la Primera República en cuyo origen y desarrollo tuvo una gran influencia el federalismo de Pi y Margall. El resultado más desastroso de aquella República fue el llamado cantonalismo, que estalló precisamente durante la breve Presidencia del Gobierno republicano por Pi y Margall. Nerviosos ante la lentitud del desarrollo federalista en cantones se sublevan algunos como Cartagena, declarando unilateralmente su independencia de Murcia y configurando sus propios gobiernos y parlamentos.
Lo mismo ocurrió en zonas de Andalucía, Levante y Cataluña de gran influencia anarquista. Lo curioso es que los conflictos ocurrieron entre los propios cantones sublevados y no solo con el Gobierno central, el cual se vio impotente para controlar semejante caos. Pi y Margall duró escasamente un mes como presidente y fue sucedido por Salmerón y Castelar que se limitaron a enderezar la situación con poco éxito. El golpe militar de Pavía acabaría con la República y restauraría la Monarquía borbónica con Alfonso XII.
Hoy la Monarquía parece más fuerte que entonces, por lo que es difícil caminar al federalismo como pretende la nueva ala radical del PSOE de Sánchez y Zapatero, equivalente del Largo Caballerismo. Se pretende, entonces, ir alterando la actual Constitución paulatinamente hasta que ya no la reconozcan ni los padres de la patria que la instauraron. El asunto está en comprender, como lo hizo el clarividente Ortega y Gasset en conocidos discursos a la Cortes Constituyentes de la II República, que federalismo no es autonomismo, sino que es en muchos aspectos lo contrario. No lleva a la descentralización mejor o peor sino a la secesión y al enfrentamiento cantonal.