Ignominia

["... echar sal en el dolor de los parientes y amigos de los asesinados..."
(Javier Marías, Matar al muerto o los inconvenientes de haberlo matado, 12/07/2000)]

La controvertida ley publicada recientemente, en la que se introdujo una inadvertida enmienda que supone el acortamiento de las penas de cárcel de los más peligrosos etarras, constituye la medida más indigna e indecorosa perpetrada por este Gobierno cada vez más descabellado.

Sin duda, el período de actividad asesina de ETA ha supuesto la amenaza más constante, y sangrante, para la pervivencia de nuestra democracia.

Por ello, es una infamia fomentar la amnesia sobre esta etapa de nuestra historia democrática con la justificación mendaz de que pertenece a un pasado superado.

Sin embargo, esta es la verdadera memoria, la que hay que cultivar, en una sociedad democrática.

Porque este asunto sí tiene que ver con nuestro presente y no debería ser cuestión de controversia política ni de mezquino interés partidario.

Las víctimas están presentes, viven con nosotros y sufren entre nosotros.

Y los verdugos y sus jaleadores también están presentes y estos siguen apoyando a los asesinos, promocionándolos, homenajeándolos. Y el partido que los ampara sigue acosando y subyugando a quienes se les oponen en las localidades donde controlan los ayuntamientos.

Por eso, es una indignidad tener trato con estos desalmados, blanquearlos, concederles protagonismo político.

Por eso, constituye la mayor ignominia aprovechar la aparente bondad de una ley, con amparo en el consenso europeo, para introducir subrepticiamente, con nocturnidad y alevosía, una enmienda para conceder beneficios penitenciarios a los más sanguinarios asesinos encarcelados, aun sin arrepentimiento ni petición de perdón a las víctimas.

Y lo que es peor, no por convicción ni por bonhomía, sino para conseguir los miserables votos del partido heredero de ETA, por el interés egoísta de conseguir mantenerse en el poder a toda costa, rebasando los límites que deberían ser infranqueables para un partido y un gobierno verdaderamente democráticos: el interés general, el consenso social, el amparo a las víctimas y la transparencia en la actividad legislativa.