Cuatro años después de que se produjeran los hechos y, con más de dos años de retraso debido a la pandemia del COVID, este martes se iniciaba en Madrid el juicio por el supuesto delito de abusos sexuales cometido el 4 de noviembre de 2017 en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) desde la que se desarrollaba Gran Hermano Revolution.
Sin embargo, el juicio era suspendido temporalmente ya que la demandante no se presentaba en el juzgado nº8 de lo Penal de Madrid alegando "problemas psiquiátricos de gravedad". "Tenía antecedentes de algún problema psicológico. Ahora ha empeorado su salud mental. Eso está ahí, las visitas a psiquiatras, el tratamiento que ha tenido...", ha revelado su abogado a la salida del juzgado, añadiendo que la joven tuvo un ingreso involuntario en un centro psiquiátrico el pasado mes de diciembre.
Por todo ello, la jueza ha solicitado la realización de un informe forense sobre la salud mental de la exconcursante del reality para corroborar si está o no en condiciones de declarar. Según fuentes consultadas por BLUPER, se espera ahora que el proceso se demore entre dos y tres meses.
No obstante, el abogado de la joven tiene otro objetivo que daría un importante giro: declarar nulo el proceso y que éste pase a ser juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid ya que considera que ha habido un error al enjuiciar los hechos como un abuso simple.
Según Santiago María Serrano, el Juzgado debió dictar auto de procesamiento, no de transformación en procedimiento abreviado. "Se va a enjuiciar un abuso sexual y entendemos que, como mínimo, hay indicios serios en las imágenes grabadas y declaraciones que hay penetración (...) El juzgado de lo penal no tiene competencia para juzgar un abuso sexual con penetración".
El letrado recuerda que en el auto de la apertura de juicio oral que dictó la magistrada del juzgado de instrucción nº2 de Colmenar Viejo se exponía que "se volvieron a ocasionar desplazamientos por parte de José María que impulsaban a la víctima hacia arriba y abajo, sin que motu propio esta reaccionara a tal estímulo; el cual pudiera consistir, de acuerdo con la posición de José María y su respiración más agitada, en penetraciones de su pene por la cavidad anal o vaginal" de la víctima.
De ser así, José María López se enfrentaría a una condena de entre cuatro a diez años, y no de dos años y medio, como pide ahora la Fiscalía Provincial de Madrid. El ministerio público reclama, además, 6.000 euros de indemnización por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas.
En este sentido, el abogado de Carlota Prado cree que "esa cantidad es ínfima. Pensamos que el perjuicio que viene sufriendo esta chica no se puede cuantificar en dinero. ¿Cómo vas a cuantificar esto en dinero? Pero, aún así, consideramos que había que revisar esa cantidad".
La actividad de Carlota en redes
Por su parte, el abogado del acusado José María López ha rechazado la suspensión del juicio alegando la actividad de Prado en redes sociales hasta hace tres días. La joven había publicado hace nueve horas una story en Instagram en la que afirmaba que llegaba a Madrid a las 09:10 horas.
También pedía "por favor, que votantes, afiliados a VOX, PP, PACMA o Podemas Unidas Cádiz, vamos, el mismísimo Santiago Abascal, me encantaría que se personase mañana, si no tiene nada más importante que hacer".
Asimismo, hace cuatro días Prado subía una fotografía a su cuenta junto a un amigo y en la que podía apreciarse unas vendas en sendas muñecas. "El gilipollas de Coto (Matamoros) dice que la amistad entre Hombres y Mujeres no existe. Yo he encontrado un Tesoro en Pizarra", escribía.
También publicó una historia en la que se mostraba muy dura con Coto Matamoros, al que se relacionó sentimentalmente de manera reciente. "Coto, estás amenazado, te lo digo nervioléptico de mierda. Queda conmigo en Madrid, cabrón. Después de la que liaste, ¿en serio no nos vamos a ver? Cógeme el teléfono, por Dios. Llámame, joder".
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