La Justicia activa la orden de alejamiento de José Mª a Carlota Prado tras su condena por abuso sexual

El caso de Carlota Prado continúa sin llegar a su fin. Seis meses después del juicio, en el que se condenó a José María López a 15 meses de prisión por abusar de su compañera en el reality Gran Hermano, el juzgado ha exigido también que abone la cantidad fijada de indemnización a Carlota, que ascendía a 6.000 euros.Para ello cuenta con 10 días desde que se interpuso la sentencia.

Además, también ha activado la orden de alejamiento e incomunicación a la víctima, que se fijó en cuatro años. Para ello, ha solicitado a José María a señalar cuál es su domicilio y su número de teléfono para las próximas citaciones hasta el archivo de las actuaciones, tal como detalla El Confidencial Digital.

Del mismo modo, Zeppelin, la productora de Gran Hermano, tendrá que pagar a Carlota Prado 1.000 euros más por mostrarle el vídeo en el que José María abusaba de ella tras una fiesta dentro de la casa donde se facilitó alcohol a los concursantes.

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Hay que recordar que la condena que se impuso a José María López fue de 15 meses de prisión, pero al carecer de antecedentes no tendrá que ingresar en la cárcel, tal como ha dictado el juzgado.

A pesar de que este caso ya fue juzgado, el pasado mes de mayo Carlota Prado interpuso una nueva denuncia, esta vez contra Mediaset España, Zeppelin TV y también contra los empleados que estaban en su puesto de trabajo la noche en la que sucedieron los hechos. La denuncia es “por no prestarle auxilio cuando sucedieron los hechos”. De esta forma, la concursante invoca a la omisión de socorro, un delito que está recogido en el artículo 195 del Código Penal. La denuncia, de momento, está a la espera de ser admitida a trámite.

En ese sentido, la propia Carlota ya publicó en sus redes sociales un listado con el nombre todos los trabajadores que estaban en su puesto de trabajo en la noche del 4 de noviembre de 2017. La concursante, además, también denuncia que el reality estrella de Mediaset convirtió el delito en un contenido más del programa y que le permitieran regresar al concurso. “Realizaron un montaje de distintas cámaras que después le enseñaron a la declarante. Dice que tras esto, la dejaron volver de nuevo a la casa donde se hacía el programa y no le prestaron apoyo psicológico suficiente”, recogía la demanda presentada.