José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE, continúa arrastrando causas de su etapa como director de Telemadrid por la gestión del ERE que afectó a 861 trabajadores de la autonómica madrileña. CCOO ha ampliado la querella que presentó en su día y ha añadido la falsedad documental a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario que se le atribuye en dicha denuncia.
El caso, que está siendo investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, fue reabierta el pasado año después de que la Audiencia de Madrid estimara los recursos de apelación de los sindicatos CCOO y UGT. Ambas asociaciones denunciaron que Sánchez subcontrató a una empresa para que realizara las labores que desempeñaran los empleados despedidos por el ERE.
En dicha denuncia se habla de la ilegalidad del procedimiento que la dirección de Telemadrid puso en marcha con empresas contratistas mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno a la empresa en los días inmediatos a este despido.
Desde la plataforma Salvemos Telemadrid aseguran que, para no incurrir en irregularidades, la dirección de Telemadrid precisaba demostrar que dicho procedimiento no se inició antes de la finalización del proceso de negociación del ERE ni después de que los operarios de TBS, empresa filial de Telefónica, ocuparan estos puestos. Hay que señalar que el ex director de Telemadrid José Sánchez era por aquel tiempo un alto directivo de Telefónica en situación de excedencia.
Aquel contrato de servicios se planteó por una vía extraordinaria de urgencia que en absoluto se justificaba y se hizo por un periodo máximo de dos meses sin prorroga por un montante de 580.000 euros, algo menos del máximo de 600.000 que hubiera obligado a pasar por el Consejo de Administración, según las normas internas de Telemadrid.
CCOO ha pedido que se identifique a la persona firmante del escrito dirigido al juzgado en el que se aporta la documentación requerida por la Audiencia Provincial que aparece bajo el nombre de “Asesoría Jurídica”. A fin de ser llamado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de falsedad y malversación por el cúmulo de irregularidades señaladas.