El Consejo de Informativos de TVE ha enviado un comunicado a los medios de comunicación este martes por la mañana para mostrar su enfado ante las últimas informaciones que señalan a la Corporación. Según el auto del juez Eloy Velasco, Ignacio González habría colocado a una periodista de confianza en la pública para intentar mejorar su imagen. De esta forma, el Consejo de Informativos exige que las contrataciones en TVE se produzcan única y exclusivamente por criterios profesionales y rechaza cualquier tipo de "contratación política".
El juez que instruye el caso Lezo, en el que está presuntamente implicado el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, incluye en su auto una referencia a RTVE que pone en duda la independencia y honorabilidad de la televisión pública, al afirmar que el ex dirigente del Partido Popular, dice textualmente el auto, “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses”.
Lo que apunta el juez es de suficiente gravedad como para que la dirección de Radiotelevisión Española dé explicaciones públicas. Este Consejo de Informativos se dirigió a José Antonio Álvarez Gundín a través de un correo en el que estaba en copia el presidente de la Corporación y todos los miembros del Consejo de Administración. Se le pedía que aclarara este asunto; que, de ser cierto, se rescindiera el contrato al que hace referencia el auto judicial; y que, en su caso, se asumieran todas las responsabilidades a que hubiera lugar.
En su respuesta, el Director de los Servicios Informativos asegura ignorar a quién se refiere el auto judicial, no dedicarse a "colocar" a nadie y velar por los principios de calidad profesional, independencia y pluralidad.
El CdI de TVE manifiesta que es inadmisible que el buen nombre de la televisión pública se mezcle presuntamente con una operación contra una “organización criminal”, tal y como la denomina el juez, y que los responsables de la Corporación, empezando por el mismo Director, no hayan iniciado inmediatamente una investigación.
Lo que denuncia el auto judicial es que, presuntamente y en contra de lo afirmado por el Director de los SS.II, se contrató a una periodista por razones exclusivamente políticas y no profesionales, con el encargo explícito de defender desde RTVE los intereses de un partido político concreto, el PP de Madrid. Y se hizo utilizando dinero público. Sea por desconocimiento o por complicidad, la dirección es responsable de una contratación que atenta gravemente contra la independencia de TVE.
En este caso es un juez el que apunta a una contratación que nada tiene que ver con criterios de curriculum o periodísticos, una práctica que, como viene denunciando este CdI, se ha convertido en algo habitual, especialmente desde la llegada de José Antonio Álvarez Gundín a la Dirección de Informativos, mientras se margina a la redacción más veterana, de reconocida independencia y trayectoria.
Según el Consejo, lo que el auto judicial revela es, sobre todo, un método, un procedimiento, una forma actuar y de entender lo público que lejos de regirse por criterios de estricta profesionalidad, lo hace con la intención de favorecer intereses particulares. Que éstos además tengan que ver con una presunta trama criminal exige la asunción de responsabilidades al más alto nivel.