RTVE se hace mayor. De sus 5.906 trabajadores fijos e indefinidos, un 60% de ellos (3.521 personas) son mayores de 50 años, mientras que sólo un 6% de la plantilla (369) tiene menos de 35 años y sólo 11 son menores de 30 años, según datos de USO.
De esta forma, en tres años, en el 2020, el 68% de la plantilla tendrá más de 50 años, y en cinco años, en el 2022, este porcentaje superará el 71%. Una cifra que para este sindicato es “inasumible para cualquier empresa tecnológica y que pretenda ser líder de algo”.
Sólo un 6% de la plantilla (369) tiene menos de 35 años
Y todo ello a pesar de que el último ERE que se produjo en la empresa en 2006 llevó a la salida de casi 4.000 empleados que tenían 50 años a cambio del 92% del salario neto hasta su jubilación legal (65 años).
Una medida de ajuste laboral que estará vigente hasta 2022 y que conllevará en total para las arcas públicas un desembolso de 1.722 millones de euros. De esa suma, más de 1.051 millones ya se han desembolsado.
¿Un nuevo ERE?
Para el sindicato, estos datos vienen a poner en entredicho la política de personal en CRTVE. Sin embargo, también da alas a aquellos que creen que la Corporación necesita acometer en un futuro próximo una nueva reestructuración de su plantilla.
De hecho, ya la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), principal accionista de RTVE, se posicionó a favor de una medida así en el primer informe que elaboró el pasado año sobre la gestión de la cadena pública.
En dicho informe se abogaba por una estructura más simple ya que los costes de personal de RTVE (380 millones de euros) se comen el 42,78% del presupuesto anual de la radio televisión pública, lo que lleva a un claro desajuste.
La solución, en su opinión, pasaría por articular un “Plan Estratégico o Plan de Futuro de la Corporación” que, entre otros retos, resuelva “una configuración operativa que no responde a las necesidades actuales de una empresa de comunicación y que en algún momento tendrá que abordarse adaptando su estructura y recursos”.
Es decir, la Sepi hacía una alusión indirecta a un nuevo proceso de despido colectivo que podría afectar a un mínimo de unos 2.000 trabajadores como punto de partida, según algunas estimaciones.