El Constitucional admite a trámite los recursos del PP contra el decreto de RTVE
El Gobierno acometió la renovación temporal y urgente de la corporación pública.
21 septiembre, 2018 13:23El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite los dos recursos presentados por diputados y senadores del PP contra el decreto ley de renovación urgente de RTVE, han informado fuentes del tribunal.
El PP presentó en julio dos recursos ante el Constitucional, firmados por más de cincuenta diputados el primero y otros tantos senadores el segundo, contra ese decreto con el que el Gobierno acometió la renovación temporal y urgente de la corporación pública.
Los populares consideran que el citado decreto, que culminó con el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE, fue un "golpe a la democracia" y una "aberración jurídica contra la separación de poderes". En sus recursos, alegan que el decreto no aborda "ninguna medida de extraordinaria y urgente necesidad".
Consideran además que se inmiscuye en la "regulación interna" del funcionamiento de Congreso y Senado para seleccionar a los miembros del Comité de Expertos que deben evaluar a los candidatos del concurso público para el futuro Consejo de Administración de RTVE.
El exportavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando dijo cuando presentó el recurso de los diputados que el decreto ley hacía del Senado "una Cámara de adorno, sin significado de ningún tipo, ni parlamentario ni político ni jurídico".
"Hemos recurrido el real decreto porque lo que ha hecho el Gobierno del señor Sánchez ha sido llevarse por delante la institución del Senado", añadió la portavoz adjunta del PP en la Cámara Alta, Rosa Vindel, cuando presentó el recurso de los senadores.
Según el PP, el decreto ley choca con cinco artículos de la Constitución (1.1, 9.3, 23.2, 72 y 86.1), lesiona la autonomía de las Cortes Generales y no aborda "ninguna medida de extraordinaria y urgente necesidad".
El Tribunal Constitucional ha indicado que el Congreso, el Senado y el Gobierno disponen de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones. Además, el alto tribunal plantea la posibilidad de que ambos recursos puedan fundirse en uno solo.