Una de las exigencias del candidato regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para dar su apoyo a Cristina Cifuentes como próxima presidenta de la Comunidad de Madrid es la despolitización de los órganos de gobierno de Telemadrid.
El objetivo es acabar con el modelo actual, que ha servido de agencia de colocación de familiares directos de dirigentes del Partido Popular o de lugar de retiro de estos mismos.
PP y Ciudadanos fueron los únicos partidos que no apoyaron el pacto por una nueva Telemadrid
En un principio, la candidata popular ha afirmado estar de acuerdo con esta idea, pero ha señalado que primero hay que ver si la cadena autonómica es viable o no. “Luego podemos sentarnos a hablar y ver cuál es la mejor forma de elección del director general y del consejo de administración”.
En este sentido, conviene recordar que ambos partidos son los únicos que no apoyaron el pacto por una nueva Telemadrid “al servicio de los ciudadanos”, firmado a primeros de mayo por sindicatos, asociaciones y representantes de partidos políticos.
Entonces, la no asistencia de Ciudadanos trajo a la mente los distintos mensajes que Aguado ha escrito en Twitter abogando por la privatización de Telemadrid e incluso la desaparación de las cadenas autonómicas.
“La TV pública ya no es un servicio público esencial para los ciudadanos. ¿Para cuando su privatización? En Madrid ahorraríamos 96 millones de euros al año”, escribía el político allá por noviembre de 2011.
Dos años después, Aguado también se preguntaría “¿Cómo es posible que aún existan televisiones autonómicas? Aparte de costarnos millones de euros, son auténticas lavadoras de cerebros en manos de políticos”.
Impedir taxativamente su privatización
En dicho pacto, uno de los puntos básicos es “garantizar el carácter de servicio público esencial de la RTV Pública Madrileña impidiendo taxativamente su privatización”, así como “la consideración del espacio radioeléctrico como espacio público objeto de preservación por parte de la Administración Pública.
Según Aguado, "Salvemos Telemadrid nos planteó firmar un pacto, un compromiso con 12 puntos, y estábamos de acuerdo en todos menos en el último, que era volver a incorporar a los 860. No es que no queramos, es porque pensamos que ese compromiso puede suponer el cierre de la cadena porque sea un gasto tan enorme que no sea posible".