Rosa María Mateo no podría recibir peor noticia en el segundo aniversario de su nombramiento como Administradora Provisional Única dentro de dos semanas. Y es que, a la crisis interna que vive la radiotelevisión pública por guerras de poder con numerosos ceses, dimisiones y protestas durante las últimas semanas, se le suma ahora la noticia de que la Corporación cerró 2019 con unas graves pérdidas económicas tras tres años de beneficios.
Según las cuentas publicadas por RTVE, ésta pasó de obtener un beneficio de 2 millones de euros en 2018, a unas pérdidas de 29,6 millones de euros en 2019, a pesar de que sus ingresos habían subido un 1,1% hasta los 989 millones después de que Hacienda le inyectara 6,2 millones para compensar el gasto por emitir la señal en simulcast.
La comparativa es aún más preocupante respecto a 2017, cuando obtuvo un beneficio de 23 millones de euros, y a 2016, cuando cerró el ejercicio con un beneficio de 800.000 euros, la primera vez que se concluía un ejercicio sin déficit desde 2009.
Pero la cosa no se queda ahí. Según analistas, se espera que la radiotelevisión pública termine 2020 con un resultado negativo de 60 millones debido al impacto del coronavirus.
"Las pérdidas son consecuencia del incremento del gasto motivado por la modificación legislativa del tratamiento del IVA en las televisiones públicas, que no permite la deducción del IVA a RTVE en su totalidad, y del crecimiento de los gastos de personal tras la aplicación de los acuerdos de subidas salariales", explica la cadena a El Economista.
De hecho, la partida en gastos de personal -cuenta con una plantilla de 6.458 trabajadores- se incrementó en casi 30 millones de euros (un 7%) hasta los 425 millones de euros, convirtiéndose así en la partida a la que más recursos se destina en la Corporación.
Gran contraste con las privadas
El balance de RTVE contrasta por completo con los de Atresmedia y Mediaset España, que esquivaron la caída de la publicidad en 2019 y obtuvieron un beneficio de 118 millones y 211,7 millones euros, respectivamente.
Y eso que el grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile redujo sus ingresos un 3,6% hasta los 946,2 millones, mientras que el comandado por Silvio González lo hizo en un 0,3% hasta los 1.039 millones de euros, 965,1 de los cuales pertenecen a su división audiovisual (-0,4%).
Mateo ha reclamado más financiación para la radiotelevisión porque el modelo de financiación que se estableció en 2009 "contiene deficiencias que se han ido acrecentando con el paso del tiempo" y ha afirmado que retirar la publicidad en TVE fue un "error".
Entre otras cuestiones, la Administradora Única subrayó que para tener más audiencia "se necesita más dinero" porque los programas baratos "no venden y debemos modernizarnos, hacer frente a los gastos de personal, alimentar nuevos canales, emisoras, y la radiotelevisión digital”, ha manifestado la administradora actual de RTVE.
Problema de costes
Sin embargo, ésta no parece la mejor solución. Y es que una hipotética vuelta de la publicidad a RTVE sería un caramelo envenenado ya que la inserción de anuncios en su programación provocaría fugas de espectadores que llevarían a mermar aún más sus maltrechas audiencias y, por consiguiente, afectaría a sus ingresos publicitarios.
En 2009, último año con el que RTVE contó con publicidad, ésta ingresó 422 millones de euros por anuncios gracias a que La 1 fue líder de audiencias con un 16,4% de share. Actualmente la audiencia del grupo se ha reducido a un 14,7% y la de La 1 a un 8,9%.
Según Invertia, eliminar la tasa RTVE que obliga a las cadenas privadas a pagar el 3% de sus ingresos de explotación brutos a la Corporación, supondría una pérdida de ingresos de 200 millones.
De ahí que desde UTECA se ha señalado que el problema de RTVE es de costes e incluso el el exvicepresidente de Atresmedia, Maurizio Carlotti, marcó el camino para su supervivencia: un ERE que adelgace su plantilla.
“Tener 7.000 empleados directos y gastarse por ellos 425 millones de euros al año, y todavía no poder garantizar la emisión del Telediario de La 2 es simplemente prueba de lo que importa son las vacaciones de los empleados, no el derecho a la información de los ciudadanos”.