FSIE acusa a CCOO de estar "en contra de la enseñanza concertada y sus profesionales"

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha respondido hoy las acusaciones de Comisiones Obreras en las que implicaba a la enseñanza concertada en Castilla y León por, según el sindicato, los “nueve millones de euros derivados de manera irregular a la enseñanza concertada”.

Así, FSIE CyL, organización mayoritaria en el ámbito de la enseñanza concertada (71% de representatividad) y de la discapacidad (29%), ha querido transmitir, a través de un comunicado, que “ni son nuevas las acusaciones ni es nuevo que CCOO en Castilla y León esté en contra de la enseñanza concertada y de sus profesionales, solo así se explica su representatividad entre los trabajadores del sector con un uno por ciento”. .

Según la Federación, CC.OO está presente en foros como la Comisión Regional de Conciertos, “aunque sea para poner en duda la validez del propio sistema o de la normativa”, y en el ejercicio de sus estrategias sindicales, se ha permitido “no avalar en el acto de la firma, la posibilidad de indemnización o  recolocación de trabajadores  que acababan de perder su empleo por la extinción del concierto educativo en un centro de la comunidad”.

Además, FSIE ha criticado al portavoz socialista de Educación en las Cortes Regionales, Fernando Pablos, denunciante de lo que él califica como “afrenta”y “auténtico escándalo”, que no se puedan construir centros o realizar investigaciones por “pagar sueldos, indemnizaciones o jubilaciones anticipadas en los colegios concertados”.

En esa línea, FISE ha pedido que CC.OO explique en qué se está “favoreciendo intereses privados en detrimento de la educación pública” y si eso afecta o no a los trabajadores de la concertada como supuestos beneficiarios, trabajadores que se rigen por un convenio colectivo nacional y unas mejoras en Castilla y León "de las que difícilmente han podido participar como organización sindical, si nos atenemos a sus números de representatividad en la concertada".

“No se puede poner en tela de juicio y bajo sospecha perpetua un sistema en el que están implicados casi diez mil trabajadores, más de doscientas empresas y cien mil alumnos en la Comunidad de Castilla y León”, ha concluido.