La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior confirma que los datos acumulados a fecha 27 de septiembre de este año apuntan ya la tendencia de que al término de 2021 se registrará el número de solicitudes de acceso a la información pública más alto desde que en 2015 entrara en vigor la normativa que regula el ejercicio de este derecho. A esta fecha ya se ha presentado un número igual de solicitudes que en 2020. Las 554 solicitudes presentadas este año se clasifican en 353 resoluciones estimatorias, 6 resoluciones desestimatorias y 73 resoluciones inadmitidas. Buena parte de estas últimas, lo son por tratarse de asuntos que no son competencia de la Junta de Castilla y León. Como consecuencia de estas resoluciones, la Administración autonómica ha generado un total de 523 expedientes para dar respuesta a los solicitantes.
La Junta de Castilla y León presenta este balance provisional hoy, 28 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, motivo que Naciones Unidas refuerza este año con el lema “Reconstruir mejor con el acceso de la información”. Coincide también, en esta jornada, la participación del director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, en el Congreso Internacional de Transparencia que se celebra en la Universidad de Alicante; compartirá mesa redonda con otros directores generales de Transparencia responsables en otras administraciones y coordinando un grupo de trabajo sobre participación de los grupos de interés y huella normativa.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha introducido en estos dos primeros años de legislatura medidas con las que ha incrementado la difusión de información pública y ha facilitado el ejercicio de este derecho mediante la eliminación de restricciones y obstáculos. Una de las evidencias de esta mayor apertura de la Administración, una vez implementadas estas novedades, es la evolución de las solicitudes registradas : 362 y 595, respectivamente, al término de los ejercicios 2019 y 2020. Es preciso señalar que la mayor parte de las resoluciones de la Comisión de Transparencia son desestimatorias de las reclamaciones presentadas frente a pronunciamientos de la Junta sobre este derecho, al haberse satisfecho el acceso solicitado antes de que el órgano de control resolviera.
Normativa
La normativa sobre el derecho de acceso a la información pública establece que este puede ejercerse para obtener documentos o datos en poder de distintos sujetos –en concreto, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León- ya los hayan generado ellos o los hayan adquirido para el ejercicio de sus funciones. Teniendo en cuenta los fines de la normativa de transparencia, este derecho garantiza el acceso a datos e informaciones derivadas de la gestión pública que efectúa la Administración autonómica.
Uno de los proyectos emprendidos en esta legislatura para incorporar herramientas de transparencia en la actuación de la Administración autonómica ha sido la puesta en marcha en noviembre de 2019 del formulario web para presentar solicitudes de acceso a información pública sin identificación ni firma electrónica.
Otras actuaciones que han contribuido a una mayor transparencia de la Junta de Castilla y León –y así lo ha destacado el Comisionado de Transparencia en sus memorias anuales de 2019 y 2020- son la publicación de las resoluciones no solo denegatorias -obligatorias por ley estatal- sino también de inadmisión; la publicación y visualización, por vez primera, en el Portal de Gobierno Abierto de las agendas de trabajo de los altos cargos; o la puesta en marcha de la aplicación de huella normativa, una herramienta que aporta transparencia al proceso de elaboración de la normativa autonómica ya que traslada y muestra el expediente normativo completo en el Portal de Gobierno Abierto para que pueda ser seguido y conocido por todos.