El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha explicado las partidas que llegarán en los próximos años a Castilla y León relacionadas con el convenio firmado por la Comunidad y el Ministerio de Derechos Sociales en base a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un dinero que viene desde Europa para paliar la situación económica que se está viviendo.
En total, Castilla y León recibirá 150,7 millones de euros del Gobierno para inversiones relacionadas con la Economía de los Ciudadanos. De esta cantidad, 41,8 llegarán antes de que finalice el año, 51 millones de euros en 2002, y el resto, 57,3 en 2023.
“Hoy damos por hecho que existe este dinero, pero hace un año hubo que batallar porque muchos países no lo quisieron, un dinero que hubo que batallar para modernizar nuestra economía”, ha recordado Javier Izquierdo en la rueda de prensa de presentación de estos fondos.
Será la Junta de Castilla y León la que reciba este dinero y su destino en los próximos tres años, que tendrán que seguir una serie de normas a la hora del reparto. “Es un impulso muy importante para las políticas sociales, pero que la Junta tendrá que justificar ante el Gobierno para posteriormente poder seguir recibiendo fondos”, ha afirmado.
Diferentes proyectos
Estas inversiones, que responde a un convenio suscrito el pasado mes de agosto, se van a desarrollar en torno a diferentes proyectos. Por ejemplo, las inversiones persiguen el objetivo de extender las nuevas tecnologías, “la digitalización tiene mucha importancia en este plan”, ha apuntado el delegado del Gobierno.
La idea es poner en marcha 13 programas dirigidos al bienestar y a la calidad de vida, accesibilidad a los servicios públicos, promoción de la autonomía personal y mejoras de cuidados de personas mayores, infancia, dependientes y personas con discapacidad intelectual o física.
Algunos de los aspectos que mejorarán la “calidad de vida” de las personas será por ejemplo, un nuevo modelo de atención de los cuidados de larga duración con 79 millones. Con ello se logrará una nueva construcción, remodelación y equipamiento de los centros residenciales públicos como complemento necesario para implantar el modelo de atención integral.