La carrera profesional para funcionarios y las normas para “armar” la Función Pública, cuya fachada “derribaron” en la pasada legislatura sentencias judiciales, han tomado forma al final de este año en el trabajo de la Consejería de la Presidencia, cuyo titular se mantiene en el cargo hasta la formación del nuevo gobierno tras las elecciones del 13 de febrero. También, se dieron pasos en la convocatoria de los procesos selectivos con el objetivo de reducir la temporalidad y avanzar en un empleo público de calidad, para lo que se anunció ya una oferta pública de empleo de casi 4.000 plazas. 

Compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la carrera profesional, que reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos se ha abierto paso en este trimestre. El 10 de septiembre se publicó la Orden que convocó el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional 1. Presidencia ha reservado 41 millones de euros, que espera abonar antes de que acabe el año.

También, se modificaron (en marzo) las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a las actuales necesidades y está en tramitación el concurso abierto y permanente de la administración general para el personal funcionario. Ambas iniciativas fueron anuladas en la pasada legislatura por autos de la justicia, que Presidencia asumió para iniciar el proceso.

Se ha recuperado un concurso que, “a pesar de los intentos”, llevaba 5 años sin poder ser resuelto por diversas circunstancias, y que cuenta con cerca de 5.300 solicitudes. Según anunció Ángel Ibáñez en las Cortes, una vez resuelto en esta fase final del año, la incorporación de los empleados podrá ser efectiva en enero.

En la apuesta por la estabilización del empleo, a día de hoy, se han convocado 61 procesos selectivos con un total de 2033 plazas de estabilización, quedando por tanto solo 23 procesos pendientes, con un total de 891 plazas. Presidencia trabaja para convocar el total de procesos del 17 y del 18 en este año. Además, prevé acumular los procesos selectivos del 19 y el 20, siempre que coincidan las categorías y grupos profesionales.

Igualmente, ha alcanzado un acuerdo para la distribución de los fondos adicionales destinados a “a otorgar a los profesionales las consideraciones que merecen”. Desde el diálogo y consenso con las organizaciones sindicales, recoge un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público, valorado en más de 24 millones de euros.

Leyes y normas

Los anteproyectos de ley de Función Pública y Cuerpos y Escalas han pasado por el Portal del Gobierno Abierto, pero no llegarán en esta legislatura a las Cortes. En el apartado normativo, Presidencia tiene elaborados el decreto por el que se regula el acceso de las personas con Discapacidad al empleo público y el decreto que regula el teletrabajo en la Administración de la Comunidad.

Además, se aprobó el decreto que regula la Escuela de Administración de Castilla y León, que reordena y clarifica sus funciones y competencias, y el decreto ley por el que se han congelado durante dos años la concesión de licencias para la apertura de casas del juego y apuestas, aprobado por unanimidad en las Cortes.

La nueva Ley de Función Pública pretende avanzar, “mirar hacia adelante” y lograr un modelo propio de organización y gestión autonómica que sean “ejemplo de liderazgo en el resto de España”, avanzó el consejero. La Ley de Cuerpos y Escalas busca acompasar el empleo público a las titulaciones surgidas del Plan Bolonia y a la realidad del ejercicio de competencias autonómicas.

Presidencia presentó el I Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, con “un altísimo nivel” de consenso puesto que fue aprobado por unanimidad de todas las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos y calificado por Ibáñez como “un hito” para proteger a los profesionales.

Mundo local

Ángel Ibáñez considera que Castilla y León es la comunidad “más solidaria” con el mundo local, tras la habilitación de varios fondos: 10,7 millones para atender las necesidades en materia de servicios sociales; 80 millones repartidos en tres partes, para servicios sociales, 40 millones, para inversiones, 20 millones y para empleo, 20 millones; y 1,5 millones a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos extra de limpieza de centros educativos. Casi 1 millón destinado a las entidades locales para ayudas al comercio minorista.

Prácticamente, la totalidad de estos fondos extraordinarios ya están pagados y por tanto a disposición de las entidades locales para el cumplimiento de los fines a los que se han consignado, salvo el destinado a inversiones, según la Consejería.

En este ejercicio 2021, se ha aplicado una nueva medida, desde principio de año, por la que los pequeños municipios tienen a su disposición desde entonces toda la cuantía que les corresponde por este concepto, lo que supone un adelanto efectivo de 8 meses para 2028 municipios de Castilla y León que son el 90 por ciento del total de municipios de la Comunidad.

Sin embargo, el consejero, en la presentación del balance en las Cortes del ecuador del mandato, realizó autocrítica al señalar que la modificación de la ley de régimen local de Castilla y León se tuvo que aplazar por las circunstancias de la pandemia, aunque añadió que ahora se esperada a los cambios normativos anunciados por el Gobierno a las leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.